¿El Estado debe asumir las deudas de Petroperú?

Todo indica que el road show mediático del presidente de Petroperú, Carlos Paredes, para que la caja fiscal asuma hasta US$ 1,500 millones de deuda de la empresa ha estado conversado con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva. Él, conjuntamente con su viceministro de Economía, Michel Canta, son miembros de la Junta General de Accionistas de la petrolera estatal. Es decir, una puesta en escena para legitimar un acuerdo. 

Más allá de las estrategias mediáticas de la dupla Paredes-Oliva y de las tibias reacciones de las secciones económicas de los diarios, no se ha querido poner en debate la pertinencia de esta aspiración. No es la primera vez que no se toca el tema de fondo, el irresponsable endeudamiento. Ocurrió en mayo del 2014, cuando se legitimó el contrato de ingeniería y construcción de la modernización de Refinería de Talara, origen del problema; también en junio del 2017, cuando se celebró la emisión de bonos en Nueva York por US$ 2,000 millones y en noviembre del 2018, cuando se tomó un crédito de la agencia de crédito de exportaciones española, Cesce, por US$ 1,300 millones. 

Contando solo estos tres ítems de deuda de largo plazo, que no son los únicos, se tendrá que, en los 10 primeros años de operación de la refinería, ya modernizada, deberá afrontar un pago anual por deuda del orden de US$ 263 millones. Cifra elevadísima para una empresa muy vulnerable a los vaivenes de la cotización del precio internacional del crudo. 

Desde la promulgación de la Ley de Modernización y Fortalecimiento de Petroperú (Ley N° 28840), en julio del 2006, se difundió el mensaje de la autonomía de la empresa, entendida como que el fisco no toque sus utilidades, pero que tampoco se le pedirá nada a él. Increíblemente, un Gobierno que ingresó con la aureola de liberal de derecha, como el actual, rompió la prédica en enero del 2017, realizando un aporte de capital, con los recursos del Estado, por US$ 325 millones.

La administración actual, consciente de que el endeudamiento es insostenible y aún faltan no menos de US$ 500 millones de deuda para acabar con la faraónica obra de Refinería Talara, propone que el fisco se haga cargo de parte del irresponsable endeudamiento heredado. Aún no tenemos todas las cifras sinceradas; no se sabe con certeza el monto gastado hasta el momento y los pendientes en disputa con la contratista española Técnicas Reunidas, para dar una opinión certera sobre la pretensión que se plantea. 

Una primera reflexión por el momento es, que el fisco no debe ir más allá de hacer la cobertura de posibles impagos, que generarían descrédito a la buena reputación crediticia ganado por el Perú en los mercados internacionales. Tal vez nos estamos acercando inexorablemente a la hora de la venta de la empresa, por más políticamente incorrecto que pueda parecerles a algunos. En la región ya está ocurriendo con la gigante brasileña Petrobras, sumida en el descrédito por los malos manejos, así que no hay nada porque extrañarse.

Un comentario final respecto a las responsabilidades. Si bien es cierto que a nivel de directorio se tomaron decisiones para llegar al estado actual, la plana técnica de ingeniería, costos e impactos financieros, que elaboró informes para que los directores decidan, ha sido de funcionarios de larga trayectoria en la empresa, que también tendrán que responder por sus afirmaciones. La noche de cuchillos largos que algunos hemos venido anunciando hace más de cinco años se acerca inexorable y aceleradamente. Se espera que no quede cabeza responsable sin pasar por ella, demasiado daño se ha ocasionado.