El Estado de Derecho como decisión política

Si tuviéramos que hacer un diagnóstico sobre la situación política del país, nos daríamos cuenta que se trata de un problema tan antiguo que se remonta a los inicios de la República. La historia, la economía y el derecho se detienen en la corrupción, la informalidad, la ausencia de un sistema de partidos, los malos gobiernos, las crisis económicas nacionales e internacionales, entre otras razones. Todas ellas tienen algo de razón, no cabe duda, pero existe otra causa que desata a las demás con una fuerza incontrolable: la impunidad. En el derecho constitucional se comprende como la ausencia de un real y efectivo Estado de Derecho.

Si la igualdad reconocida por la Constitución prohíbe todo tipo de discriminación (igualdad formal) y demanda un conjunto de políticas públicas para superar las evidentes desigualdades en las condiciones sociales, culturales y económicas existentes entre las personas (igualdad material), se trata de un principio-derecho. Es decir, un estado o situación ideal por alcanzar a plenitud y que es posible observar sus diferentes grados de realización entre los países desarrollados con los demás del resto del planeta. No obstante, si bien en los países del primer mundo la pobreza y diferencias sociales siguen estando presentes, incluso agudizadas por la inmigración ilegal, todos destacan por sus altos estándares en igualdad ante el Derecho: un mismo ordenamiento jurídico y jurisdicción aplicado para todos por igual. No importa quién seas y qué posición tengas en la sociedad, el peso de la ley es igual para cualquier persona.

Si una comunidad política, con o sin altos índices de desarrollo social y económico, carece de los principios que inspiran una justicia oportuna en un debido proceso, el mandato de optimización del principio-derecho de igualdad formal y material tampoco se realizará para el conjunto del tejido social; en consecuencia, si no todos van a cárcel por sus probados delitos bajo una correcta administración de justicia, o son mejor tratados que los demás ciudadanos que tengan temas pendientes con el poder judicial, nos pone en evidencia como un país sin Estado de Derecho. En el caso Lava Jato, por poner un ejemplo, luego de seis años, hasta la fecha carecemos de una condena judicial y evidente trato desigual a sus implicados, incluso para quiénes han confesado sus delitos contra la administración pública.

Finalmente, si los estándares de igualdad formal y material difieren entre los países más y menos desarrollados económica, social y culturalmente, la distancia que distancia a unos y otros se mide por la institucionalidad en su Estado de Derecho. La plena igualdad como principio-derecho es un permanente ideal por alcanzar para toda comunidad política, pero será imposible sin un efectivo Imperio del Derecho, su acepción más correcta en los países anglosajones (Rule of Law). Por eso, la fundación de una república comienza con el esfuerzo y decisión de su clase política para alcanzar el Estado de Derecho, un país donde todos seamos igualmente tratados ante la administración de justicia.