El derecho a la defensa legítima y eficaz

Como sucedió no hace mucho con otra gran amenaza, la seguridad de los ciudadanos solo dejará de deteriorarse cuando confluyan la decisión política del gobernante para defender la primacía de la gente honesta (frente a la ofensiva criminal) y gónadas 100% operativas, asesoradas por la inteligencia al servicio de la Patria (entendida como sus hombres de bien y el territorio que habitan). Es menester evitar caer en especulaciones sociológicas respecto a la rehabilitación de tiempos de paz, a la sanción y el derecho a la protección del que actúa bien que estos tiempos de guerra al crimen ameritan.

Basta ya de tratar de equiparar o anteponer los derechos del agresor criminal a los del ciudadano honesto, cuyo trabajo genera los impuestos con que se remunera, entre otros, al operador de justicia. Si el Ministerio Público y el Poder Judicial han sido corrompidos económica o ideológicamente, corresponde al Congreso dar la talla que el pueblo exige, y legislar en su defensa, para convertir en prevaricato el desatino jurisdiccional de moda.

No faltará el pseudo matemático que, desde la ociosa zurda de salón (remunerada por los cómplices del enemigo), pretenda predicar sobre relación estadística entre el número de armas en manos de ciudadanos honestos y el incremento de la violencia. Pero lo que los números vienen demostrando en el mundo (y en matemática la opinión sobra) es exactamente lo opuesto: a mayor facilidad legal de que el ciudadano honesto se defienda con eficacia, menor incidencia de honestos son asaltados, heridos o muertos. Claro, existe la posibilidad de aumento de heridos y muertos entre las filas de la criminalidad. Pero solo los traidores anteponen la salud de la tropa enemiga antes que la patriota ¿En favor de quienes debe o cree que debe actuar el gobernante?

Es necesario usar la razón de una buena vez para no seguir perdiendo el dinero que pagamos los contribuyentes en disquisiciones utópicas que en nada contribuirán a generar un ambiente más seguro para la gente honesta. En un país intrínsecamente informal, con fronteras de papel y corrupción tan extendida y profunda, todo aumento de dificultad en el acceso formal a las herramientas que el ciudadano considere necesarias para su seguridad, acabará indefectiblemente en abusos, mayor corrupción, crecimiento geométrico del mercado negro (como ya ha ocurrido en el pasado reciente) y mayor informalidad en una materia en la que debería extenderse un puente de plata al acceso a la formalidad y permanencia dentro de ella.

Es un absurdo reduccionismo teórico proponer limitar el derecho a la legítima defensa eficaz, delegándolo en exclusiva a la acción policial. El crimen viene aumentando en frecuencia y crueldad; la policía, así doble su número y duplique su capacidad profesional, equipamiento y logística, no será capaz de llegar a tiempo en la mayor parte del territorio nacional, ya sea por la accidentada geografía o por el denso tráfico (factores que hacen ociosa la comparación policías por habitante). En la inmensa mayoría de los casos, llegará después para capturar al criminal, luego de que este cause daño al ciudadano.

Ya fue fácil sacrificar democracia y libertades por desesperación. ¡Cuidado! Nos están queriendo llevar deliberadamente otra vez hacia allí.