El conflicto del subsuelo

Las acciones de las personas responden a sus pensamientos y, por lo tanto, al menos es de esperar que sean conscientes de las consecuencias que éstos podrían ocasionar. Sobre todo si dichos planteamientos tienen la intención explícita de subvertir el Estado de derecho. 

Cuando en el Perú se platea el desconocimiento del Estado de derecho y de la tradición jurídica que ha regido a las diversas sociedades establecidas en nuestro territorio, cabe preguntarse: ¿se ha comparado los supuestos beneficios con las consecuencias?, ¿el deseo de encontrar soluciones mágicas ha impulsado a formular un planteamiento tan alejado de la realidad? Peor todavía, no se ha tomado en cuenta que es evidente que dicha idea incentivará el conflicto cuando se tenga que determinar quienes tienen derechos y quienes no. Y que además la inmensa mayoría de ciudadanos será excluida de los beneficios que le otorga ser parte de un territorio que responde a una construcción histórica.

En el Perú el subsuelo siempre fue propiedad del Estado, desde épocas preincaicas e incaicas, pasando por el virreinato y el período republicano.  La construcción jurídica inicial se denominó Derecho Indiano, por entonces, los mandatarios –a quienes se les encontró en posesión de joyas y otros objetos suntuarios y de culto religioso elaborados con metales– tenían el control de las minas. Ellos fueron quienes en su momento personificaron a la nación y dispusieron de los frutos, substancias o la riqueza natural que se encuentra en el subsuelo.

Posteriormente, durante el virreinato, la Corona española percibió que existía una coincidencia entre el Derecho Indiano y el Derecho Romano que el reino ibérico había asumido: el subsuelo es y seguirá siendo del Estado, sea que se denomine señorío, imperio, reino, república u otro.  En cada uno de estos regímenes de gobierno la lógica fue la misma. El estado representa a todos sus súbditos o ciudadanos –según sea el caso– y es este (el Estado) el que se encuentra personificado por la autoridad que entrega en concesión –derecho de uso y disfrute– un bien común y, por el cual, percibe un ingreso económico al cual se denomina contribución o impuestos.

Son estos impuestos los que deben ser empleados para generar condiciones adecuadas de calidad de vida, acordes al devenir de los tiempos. Pretender que el incumplimiento del Estado con sus ciudadanos o un sector de ellos sea suficiente justificación para trastocar todo lo actuado resulta contraproducente con el argumento empleado: “evitar los conflictos sociales”.

Otorgar un mayor derecho a un segmento de la población es en sí mismo discriminatorio, porque excluye de beneficios a otros, que también tienen derechoa a esos beneficios. Generalmente las riquezas del subsuelo son descubiertas por un agente externo a una comunidad y se pretende que por la acción de un tercero se genere un desequilibrio respecto de otras comunidades, respecto de los demás ciudadanos del Perú. ¿Alguien considera que esto no va a ocasionar más conflictos sociales?

También implica un desconocimiento de la manera como la comunidad internacional de inversionistas decide emprender en algún destino.  Los inversionistas evalúan qué país resulta más atractivo en función a varios factores: a) seguridad, b) estabilidad jurídico-política (es decir, si el país que los acoge respeta su propio Estado de derecho), c) cohesión social, que no se produzcan sucesivas crisis que terminen por interrumpir el normal desenvolvimiento de las operaciones de su actividad. A cambio, ofrecen desarrollar un proyecto y cumplir con el pago de los tributos previamente establecidos.

¿Alguno de estos puntos se están cumpliendo en la mina Las Bambas? Cuando se señala que reconociéndo la propiedad del subsuelo a las comunidades del entorno a una operación se van a resolver los conflictos, se olvida precisar –o se ignora, buscando la simplicidad– que la valoración y retribución por el área del subsuelo atribuida a un grupo particular de peruanos implicará un costo no previsto en el cálculo inicial de la inversión. Y que, subsecuentemente, el Perú dejará de ser visto como un destino atractivo para futuras inversiones y generación de puestos de trabajo, que es la mejor estrategia para superar la pobreza.

¿Se pretende que el Estado nacional deje de percibir contribuciones como producto de la explotación de los recursos naturales que yacen en el subsuelo? Porque, ¿cuál sería la manera de mantener un equilibrio económico que mantenga el atractivo del Perú como destino de la inversión nacional y extranjera directa? Si el Estado renuncia a recibir los ingresos producidos por la explotación de los recursos del subsuelo y decide trasladarlos en favor de un grupo minoritario de peruanos, ¿con qué recursos emprenderá la construcción de carreteras, centros de salud, instituciones educativas (o simplemente su mantenimiento)? ¿Se habrá puesto a pensar el proponente en las consecuencias de sus pensamientos?

Además, en la era de la inteligencia artificial, cuando el mayor valor económico ha dejado de provenir de los bienes tangibles –como los recursos naturales– para dar paso a un intangible denominado conocimiento, se pretende anclar a las comunidades para someterlas a la condición de rentistas.  Sorprende que quienes antes argumentaban que existía una maldición en los países que disponían de recursos naturales, hoy dejan de aplicar esa frase cuando se pasa del escenario de una nación al de unas comunidades.

Obviamente los recursos naturales no son una maldición; todo lo contrario, se constituyen en la oportunidad económica para financiar aquello que nos falta para generar conocimiento y explotarlo. Tenemos un gran territorio, pero si existe una maldición en el Perú es que carece de líderes dispuestos a asumir su responsabilidad histórica de conducirlo hacia el desarrollo con autoridad y honestidad.