El caso de la expresidenta boliviana Jeanine Añez

El ensañamiento contra la expresidenta constitucional de Bolivia Jeanine Añez merece la mayor censura regional e internacional. A todas luces se trata de una venganza política del expresidente Evo Morales y del Movimiento al Socialismo (MAS), que le achacan a Añez ser parte de lo que el entonces mandatario renunciante –gobernó el país por más de 13 años (2006-2019)– considera un plan del golpe de Estado que –según siempre ha referido– lo obligó a dejar la presidencia del país y enseguida tener que partir: primero hacia México, que le dio asilo político  y luego a Argentina, una vez llegado al poder el actual presidente Alberto Fernández.

Es evidente e incontrastable la persecución política contra la expresidenta Añez, quien asumió el poder luego de la inevitable referida renuncia de Morales, que se vio escandalosamente descubierto en un fraude electoral que consumó con el único objetivo de perpetuarse en la presidencia de su país. Ahora detenida y deposita entre rejas, bajo la imputación de sedición, terrorismo y conspiración, Añez sufre la inevitable depresión que a cualquier ser humano en esas condiciones podría invadir, porque se percata de la decidida intención política que tienen planeada para ella. Está claro que Evo se la tenía jurada a quien asumió la jefatura del Estado –era vicepresidenta del Senado– cuando él iniciaba el camino de su exilio.

La cacería de brujas contra Añez expresa la mofa política de Evo sobre el informe de la OEA, que calificó de fraudulento el proceso electoral boliviano. Corresponde que el mayor foro político del continente –el MAS también han perfilado la mirada contra Luis Almagro, secretario general de la OEA– se pronuncie frente a la reciente maliciosa y abusiva medida judicial en manos de Evo, el verdadero poder en Bolivia, quien con aires de despechado sostiene que un golpe de Estado lo defenestró del poder. 

Mientras miramos anonadados lo que viene sucediendo a Añez, al continente corresponde alzar la voz contra la medida represiva. Añez, que nunca ha sido santa de mi devoción, cometió errores políticos imperdonables, como querer candidatear a la presidencia cuando la naturaleza de su cargo era eminentemente transitoria. En efecto, mi posición como académico sobre los afanes de perpetuación en el poder por parte del caudillista exmandatario boliviano Evo Morales no excluye ni supone ninguna razón de dispensa de mis críticas a la entonces presidenta interina, y cuyo ungimiento en el alto cargo que ostentó, jurídicamente también hemos defendido con el rigor del derecho internacional.

Sin embargo, es verdad también que a su gobierno se le estaba yendo de las manos el equilibrio en las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales de Bolivia, luego de la salida del poder de Morales. La doctora Añez, desde que asumió el mandato de la nación altiplánica, no tuvo reparos en mostrarse con la espada desenvainada contra Evo. Y por añadidura, y en general, contra sus afines o adictos  como el chavismo venezolano y la izquierda latinoamericana sopesadas por México y Argentina que, nos guste o no, respaldaron al exmandatario cocalero.

Siguiendo de cerca a la compleja situación interna en Bolivia, asumo que la entonces asunción a la primera magistratura del Estado por la exvicepresidenta del Senado boliviano, era fundamentalmente para tranquilizar al país, que había quedado en fase explosiva, devenida de la situación política electoral boliviana. Por ello resultaba necesario garantizar un proceso de elecciones en que el pueblo boliviano debía elegir a su nuevo presidente por los próximos cinco años. Nada más que para eso.

Pero Añez expulsó a diplomáticos venezolanos dependientes del régimen de Nicolás Maduro, a diplomáticos cubanos, y hasta dio un paso más complicado al hacerlo con la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en La Paz y con dos diplomáticos del Reino de España. Es verdad que soberanamente podía hacerlo y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 contempla esta determinación. Más allá de sus razones, Añez había creado un clima internacional adverso para Bolivia que, como ya hemos visto, produjo un efecto rebote con un Evo astutamente victimizado y que finalmente capitalizó los errores de la exmandataria interina. 

Pero los referidos errores políticos de Añez, no justifican su encarcelamiento. Es verdad que hay expresidentes en la región que han sido detenidos y condenados por corrupción, pero lo de Añez, sin que los referidos delitos imputados sean ninguneados, francamente se ve muy forzado. América, y sobretodo el Perú, como país vecino y hermano, deberían condenar la medida represiva y exigir respeto por el debido proceso. La cancillería peruana debería hacerlo ante un hecho incontrastable que no puede ser admitido en nuestro continente.

La condición de mujer es, en lo inmediato, una circunstancia desde los derechos humanos, que no puede permitir el silencio de diversos sectores relevantes de la política internacional latinoamericana. La Unión Europea ha tenido un gesto extraordinariamente relevante al llamar la atención de lo que viene sucediendo a Añez. En la política jamás debe haber venganza personal. Loa actores políticos deben verse como rivales pero nunca como enemigos in personae.

Es necesario que los actores visibles, dentro y fuera de Bolivia  llamen la atención en forma recurrente a la comunidad internacional para que la exmandataria sea excarcelada en lo inmediato. Y que afronte el juicio imputado en libertad, como corresponde a las reglas del derecho penal del siglo XXI; y más en una democracia, como lo es el caso de Bolivia.