El botín burocrático

Esta vez les voy a escribir algunas precisiones sobre el botín de la burocracia peruana. Me refiero a la extracción efectiva de recursos del aparato estatal. De su escala, de su peso y de sus padecimientos. Un punto fundamental para entender al Estado peruano pasa por recordar a una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos, Johanna Hannah Cohn Arendt, mejor conocida como Hannah Arendt. Una filósofa y politóloga germano-norteamericana, enemiga frontal de los regímenes totalitarios y que defendió la importancia de la esfera pública, la privacidad y la soledad como requisitos previos para una vida en público. Custodia que, en un ambiente como el peruano, donde las instituciones son continua y entusiastamente avasalladas, resulta ignorada en las decisiones de política económica. De las muchas ideas por las que Arendt es recordada, me quedo con una: el subdesarrollo es una ideología.

El primer plano de estas líneas, como se los ofrecí, nos refiere a uno de los secretos más celosamente guardados en nuestro país: el tamaño del Estado peruano. En la discusión técnica del asunto, la forma usual referirnos a este es como el tamaño del gasto del sector público. Nótese aquí que la influencia económica del Estado no solo implica cuánto presupuesta, sino también cómo impone incentivos y reglas. Al final, sin embargo, el gasto efectivo refleja cómo se imponen incentivos y reglas en el tiempo. Aquí vale la pena destacar que, administrativamente hablando, el aparato estatal peruano está subdividido en múltiples planos (o botines, diría un observador desaprensivo). 

Están los entes etiquetados como empresas del sector público financiero (con instituciones ostentosas como el BCR, el Banco de la Nación, COFIDE y cifras nunca referidas como parte de lo extraído) y el sector público no financiero, que implica al Gobierno general, el botín político por excelencia, subdividido a su vez como el Gobierno Central (me refiero a los cientos de ministerios, entidades, regiones y municipios) y a las empresas estatales (que no aportan nada significativo como ingresos de capital al aparato estatal).

Tengo algunos años revisando cifras publicadas por la burocracia peruana y nunca he visto publicada la cifra del total del gasto del aparato estatal. Me refiero al gasto total del sector público a secas. El gasto total del Gobierno general y solo residualmente de las licencias monopólicas estatales… perdón de las empresas públicas. Pero, referirse específicamente a cuánto gastan los burócratas consolidadamente, ni una gota. 

¿Harán esto por pudor, vergüenza o convenciones globales? Me quedo con otra explicación. Una dual. Una que implica tanto una ideología colectivista (dentro de la cual las personas serían parte del Estado a lo Hobbes o una suerte de esclavos de la burocracia, en la versión bastarda de los marxistas) cuanto otra administrativa (no desean ser auditados en términos de eficiencia o corrupción burocrática).

¿Pero entonces no podemos saber de qué tamaño es el botín de la burocracia? Pues no. Si trabajamos con cuidado y usamos las cifras publicadas por la burocracia sobre cómo cubren lo que gastan: recaudación tributaria (léase: tributos tasas y contribuciones de todo el gobierno), más el endeudamiento neto más los ingresos de las mal llamadas empresas estatales- y asumiendo que estas cifras mantienen un mínimo de consistencia y transparencia… podemos sumar. Este ejercicio, y sin incluir lo gastado por los entes financieros estatales, actualmente nos da un estimado de 30.7% del PBI (unos US$ 60,196 millones de dólares del 2010). Esto, gracias a una presión tributaria de 20.1% del PBI y un botín de empresas públicas que nos extrae recursos por el orden de 5.5% del PBI.

Nótese aquí el plano económicamente destructivo de la informalidad tributaria. En los niveles llamados formales de la economía la presión tributaria se duplica. Como sostenía hace algunos años atrás el Instituto Peruano de economía, en el Perú los formales pagan impuestos como europeos y reciben servicios como africanos. Una extracción descomunal que, meridianamente, no solo deprime la inversión privada y extranjera, sino que no cuadra socialmente dada la deplorable calidad de la oferta de servicios en Educación, Saneamiento, Seguridad Ciudadana, Salud, Justicia, monitoreo medioambiental y hasta en el ideológicamente sesgado combate a la violencia. Eso sí: se ve contrastada con la explosión de nuestros índices de percepción de Corrupción Burocrática y desde hace dos décadas.

Repitámoslo una vez más: la corrupción que, solamente en la pose, agobia al elector peruano resulta un fenómeno burocrático. Les pagamos abultadamente –a elegidos y no elegidos– para que la corrupción no exista y que todos los privados delincuentes –ex ante y ex post, extranjeros y locales- estén presos. En una nación con instituciones judiciales posvelasquistas –léase, continuamente prostituidas– resulta suicida, si no iluso, inflar el tamaño de lo estatal.

En la abrumadora mayoría de los casos, usando términos románticos como déficit de Estado, políticas públicas o regulación al mercado, la burocracia medra impunemente; desde los presidentes y ministros (la porción menor) hasta los de burócratas a todo nivel (la porción mayor). Y lo que resulta mucho peor: para el nivel de ingreso de los peruanos, esta nivel de gasto estatal, corrupto e ineficiente, es incompatible con crecer y reducir pobreza a ritmos altos y sostenidos. Ergo, es incompatible con el Desarrollo Económico.

Si queremos desarrollarnos, resulta crítico reducir y transparentar inteligentemente el aparato estatal; desde el 30% actual hasta un 10% del PBI. Como reza el dicho, muerto el perro, muerta la rabia. Los beneficios de esta opción para todos los peruanos resultan inmensos. Depurada la planilla y reducido el número de dependencias, la calidad y transparencia de Educación, Salud, Seguridad ciudadana o Justicia que hoy recibe el grueso de nuestra gente, mejoraría de la mano con una estricta ejecución de presupuestos por resultados; debidamente tercerizados. Esta opción tendría implicancias políticas nada despreciables. Al reducirse el tamaño del botín, tampoco existirían tantas agrupaciones políticas con fines de lucro deseosas de inmolarse dizque sirviendo al país en las próximas elecciones; y al eliminar gastos no prioritarios (digamos los presupuestos para financiar la pauta fiscal en los medios de comunicación) recuperaríamos la libertad de prensa.

Eso sí, los perdedores –a modo de garrapatas expectoradas– podrían el grito en el cielo. Imagínese la violenta reacción de los medios dependientes, de los burócratas coimeros, coimeados o cómplices… al día siguiente tendrían que trabajar por su sustento y se elevaría gradualmente la recaudación tributaria. Lo cual, ceteris paribus, podría posibilitar una menor presión tributaria y mayores inversiones en máquinas, tecnologías y en personas.

Sí, estimado lector, para apostar por las salidas fáciles (la proveeduría de servicios públicos de calidad, de pensiones generosas, de infraestructura de primer mundo, etc.) en el caso de un país muy pobre como el Perú, hay que tener previamente instituciones de mercado implacables y varias décadas de crecimiento previas. Lo otro, extraer cada vez más recursos del consumo e ingresos de nuestra gente y empresas (estimulando esa ilegalidad llamada románticamente informalidad) para mantener una burocracia incapaz y corrupta es algo suicida. Autodestructivo. Algo solo explicable por una nación que dizque educa inclusivamente a su pueblo (léase: que no les da educación para mentes abiertas… sino ideología). 

Insisto: el subdesarrollo es una ideología. Reduzcamos seriamente el tamaño del botín. Liberemos a nuestra gente. Amaneceremos en otro país.