El ausente mecanismo para generar riqueza

Si algo mostró con claridad el último debate presidencial, realizado en Arequipa, es que ni Pedro Castillo ni Keiko Fujimori tienen una receta para generar un nuevo ciclo de creación de riqueza nacional, ni para crear nuevos mecanismos de redistribución. Lo que primó fueron propuestas para reparto de los pocos recursos con que cuenta el Estado, ante la escasa capacidad de recaudación tributaria –una de las más bajas de América Latina, que bordea el 14% del PBI– y los efectos negativos de la pandemia. 

Mientras el candidato de Perú Libre se quedó en la reiterada crítica al actual modelo económico, con propuestas muy gaseosas y muy poco consistentes, Keiko Fujimori sorprendió con una recatafila de propuestas populistas, que ni el propio ex ministro Carranza, miembro de su equipo de gobierno, ha podido defender. En realidad, más allá de la extremada polarización existente y los fuegos artificiales, el denominador común fue que ambos candidatos ponen el centro de sus propuestas en el desfalco de la caja fiscal –dar más bonos, aumentar el presupuesto, aumentar sueldos y otras iniciativas de gasto–, sin explicar, de dónde provendrán los recursos. Una expresión simbólica de ello fue cuando Pedro Castillo señaló que bloquearía toda posibilidad de prolongar los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), a los cual Keiko respondió que fue la bancada de Fuerza Popular la primera en plantear su desaparición, cuando en realidad la primera prioridad debería ser cómo crear mecanismos normativos e incentivos para generar meritocracia, en una situación en la que “la burocracia estatal no esencial” se ha multiplicado por diez en los últimos 20 años, según estudios desarrollado por la institución liberal Lampadia. 

La tensión del debate no era para demostrar cuánto ha perjudicado al crecimiento económico y a los servicios esenciales el crecimiento de esta burocracia estatal, sino quién prometía más ministerios. Keiko proponía crear el Ministerio de Pesquería, mientras que Pedro Castillo hacía prometió crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, si ambos tuvieran razón, a fines del 2021, el Perú debiera tener 20 ministerios y una mayor burocracia estatal. En la base de ambos enfoques existe el paradigma sectorial y funcionalista del Estado, que imagina que creando más burocracia se genera progreso; cuando en las tendencias modernas lo que se aconseja es crear sistemas de gestión por procesos y enfoques de gobernanza multinivel para realizar sinergias entre los sectores productivos, la universidad y los diferentes niveles de gobierno, bajo un enfoque de gestión del territorio. 

El crecimiento económico que el Perú tuvo, luego de aprobada la Constitución de 1993 se hizo sobre la base de un mecanismo polivalente de generación de riqueza y capitalización, que tuvo cinco dimensiones reformistas: privatización de empresas, desregulación estatal, promoción de la inversión privada, incentivos tributarios para la inversión y reinserción económica del Perú a nivel internacional. Ese mecanismo implicó una reforma estatal y diversas modalidades de simplificación administrativa y titulación de la propiedad, para una época de desarrollo capitalista. El que ese modelo, con el paso del tiempo, haya demostrado muchos límites y fomentado altos niveles de desigualdad e informalidad, entrecruzada con una gigantesca corrupción, no anula que haya sido exitoso y que contribuyó a la disminuir la pobreza. El meollo de la cuestión radica en reconocer que ese modelo, como también viene ocurriendo en Chile y Colombia, ya se agotó y requiere una reinvención. 

La pregunta esencial que debemos hacernos es la siguiente: en la actualidad ¿existe una oferta pública sistémica o integral que ofrezca al Perú de la pos pandemia, un nuevo mecanismo de generación de riqueza y nuevos procedimientos para redistribuirla recreando los fundamentos de una economía de mercado? Creo que no existe. Pueden existir propuestas aisladas, parciales y técnicamente muy limitadas o formuladas, pero no una plataforma programática de reformas económicas y políticas, tal como sí ocurrió a fines de los años ochenta del siglo pasado. La actual incertidumbre, que probablemente se prolongue más allá del 6 de junio, sea cual fuere el ganador, no solo tiene en su base el crecimiento de tendencias extremistas de izquierda y derecha, sino también el hecho de que no existe un horizonte de progreso ofrecido por los diversos actores políticos y económicos. Esa orfandad es lo que provoca el refugio de los actores en tendencias primarias y conservadoras, tanto de izquierda como de derecha. 

Dos ejemplos ilustran lo que estamos señalando. En el espectro político de la derecha, la propuesta de Keiko Fujimori para repartir el 40% del canon minero directamente a los pobladores de las zonas de influencia solo reitera un enfoque paternalista y populista del Estado, sin ir a las raíces del problema. Es decir, no resuelve cómo se incorporan a las comunidades y los ciudadanos de las áreas de influencia minera a entornos de emprendimiento empresarial y de capitalismo popular para superar esa vieja tradición de los proyectos mineros, como enclaves en los territorios. Distinto sería, por ejemplo, una alternativa revolucionaria liberal como la de Hernando de Soto, quien propone que los pobladores y comunidades de las zonas mineras se conviertan en copropietarios de los proyectos de inversión en hidrocarburos o metales, convirtiéndolos en accionistas y con un sentido de pertenencia de los proyectos mineros. Ese enfoque es diametralmente opuesto a la propuesta de Keiko de casi regalar dinero para provocar que después los pobladores abandonen el campo, su agricultura y sus ecosistemas, atrapados por la sociedad de consumo, el ocio y el dinero fácil. El problema es que las grandes corporaciones y los propios empresarios peruanos no quieren compartir la riqueza en alianza con esas comunidades, en una relación más horizontal y amigable. 

En el mismo ámbito minero, la propuesta de Pedro Castillo tampoco supera el enfoque paternalista y populista del Estado. La proposición de modificar los parámetros de rentabilidad en cada proyecto minero, en una proporción de 70% para el estado y 30% para la empresa privada, solo ha quedado en el enunciado general. No se ha dicho cómo realizarla si los empresarios no aceptan una renegociación ni cómo se asegura que con esa modificación existan en el futuro nuevos proyectos de exploración, que requieren de alta inversión y tecnología. Ese cambio tampoco asegura que los recursos obtenidos y entregados al Estado central o a los gobiernos regionales y municipales no terminen por generar mayores indicadores de corrupción estatal.

Queda entonces pendiente el descubrimiento de una gama de herramientas legales, incentivos y reformas estatales para desatar un nuevo ciclo de generación de riqueza. Por ahora, los economistas peruanos, de izquierda y de derecha, ni siquiera imaginan que un nuevo sistema acelerado para la creación de riqueza depende cada vez más del intercambio de datos, información y conocimiento. Y es que si no se intercambia conocimiento, no se crea riqueza. Eso ya es algo que hace rato descubrieron los países que expanden sus economías en el marco de la cuarta revolución industrial.