Educación inclusiva para personas con discapacidad en Perú

Según el censo de 2017, uno de cada 10 peruanos tiene discapacidad, lo que representa 3.21 millones de personas; es decir, el 10,3% de la población del país. Para lograr la equidad social es nuestra responsabilidad construir una sociedad inclusiva en todo el Perú, y para ello resulta fundamental promover una educación inclusiva como clave para un futuro más sostenible.

Las personas con discapacidad en Perú enfrentan barreras como una infraestructura deficiente y señalización inadecuada, servicios estatales y privados inadecuados, escaso apoyo estatal, discriminación y falta de solidaridad, lo que dificulta su integración social. Además, no todos tienen acceso a una educación inclusiva, y hay pocos docentes capacitados para potenciar sus habilidades y talentos.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una persona con discapacidad es aquella que tiene impedimentos físicos, mentales o sensoriales a largo plazo. De acuerdo con la normativa peruana, se les considera personas con deficiencia motora, mental y sensorial, barreras que obstaculizan su desarrollo. Dado el esfuerzo por la equidad como tendencia global, desde 1992 las Naciones Unidas celebra cada 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En esta versión del 2024, su ambicioso lema es “fomentar el liderazgo de las personas con discapacidad para un futuro más inclusivo y sostenible”.

En ese camino para empoderar en liderazgo a las personas con discapacidad está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve el derecho a la educación inclusiva. En Perú, la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley Nº 29973, garantiza el acceso a la educación inclusiva. Además, el Conadis otorga los carnets celeste y amarillo, con su brazo que es Omaped, que funciona en cada municipio. Más concretamente, en el campo educativo, el Decreto Supremo N° 007-2021-Minedu, establece las reglas para llevar a cabo una educación inclusiva.

Como vemos, existe todo un marco jurídico que favorece la inclusión de todas las personas. Sin embargo, el Estado peruano sabotea a la educación inclusiva, al otorgar el irrisorio bono de S/ 300 cada dos meses a algunas personas con discapacidad, mientras que destina mil soles por mes para mantener a los presos que han perjudicado a la sociedad.

La educación inclusiva es clave para empoderar a las personas con discapacidad, promoviendo su liderazgo y brindándoles las herramientas necesarias a fin de lograr una vida autónoma y plena en la sociedad.