Del pragmatismo económico al político

La gran ventaja de las economías que se sustentan en el empuje del sector privado es que éste termina defendiendo indirectamente los intereses del conjunto de la sociedad. Cuando un privado compite con otro lo hace con la finalidad de conseguir las mayores ventajas posibles de los consumidores. Lograr este objetivo demandará que el productor sea cada vez más eficiente al poner a disposición de los consumidores un bien o un servicio.

En ese ejercicio de creatividad, innovación y estímulo para alcanzar un lugar preponderante en la sociedad es que el conjunto de actores –quienes a veces ejercen roles como consumidores y otros como proveedores–, la sociedad en su conjunto, se beneficia. Se superan ineficiencias y se logra ser más competitivos. Ese pragmatismo que llevan a cabo los agentes económicos es el que tiene que proyectarse a la escena política, porque ésta es la que termina por impactar favorable o negativamente el desarrollo social de una nación. 

En los últimos años, en Latinoamérica se ha presenciado los éxitos electorales de un sector de la clase política para alcanzar el poder, ya sea a través de procesos electorales que respetaron la democracia u otros que llegaron a constituirse en gobierno con la intención manifiesta de emplear todos los resquicios del sistema democrático para capturar instituciones electorales para garantizarse un triunfo indebido. Lo que ocurre en Venezuela, Bolivia, Argentina, Nicaragua y ahora con Colombia, antes también en el Perú, responde al buen trabajo organizativo y de proyección hacia el mediano y largo plazo con un único objetivo, hacerse del control administrativo de los respectivos aparatos gubernamentales de estas naciones.

La farragosa idea de quienes manifestaban que “no pasará nada, que todo está bajo control”, a la luz de los acontecimientos políticos y sociales, ha demostrado que sí sucede, y que Latinoamérica aún no se ha librado de convertirse en una región condenada a ser un páramo empobrecido. Si quienes son los llamados a liderar a las naciones latinoamericanas hacia el crecimiento y generación de bienestar de manera sostenida han decidido autoexcluirse de su responsabilidad histórica, no será de extrañar que en los próximos procesos electorales tengamos nuevamente a los mismos actores victimizándose u ofreciendo nuevamente medidas populistas para ocultar su ineficiencia en el manejo de la cosa pública. Así como la reiteración de la corrupción aliándose con las amenazas más violenta y peligrosa que existe, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, el contrabando, la tala y minería ilegales.

Ellos son los verdaderos responsables de las debacles económicas. No obstante, en los próximos procesos electorales volverán a afirmar que “no los dejaron gobernar, que todas las acusaciones son falsas, que les arrebataron el poder inconstitucionalmente y que merecen de nuevo la confianza del electorado. Además de la reivindicación del pueblo”. Recordemos que la estrategia de victimización ha sido empleada en el caso peruano en varias oportunidades.

Las elecciones generales del 2026 están más cerca de lo que se cree. Hay quienes ya han iniciado un trabajo político sostenido de distorsión de la verdad histórica, desde el primer momento en que fracasó el último golpe de estado en el Perú. Para sus actores no existe la temporalidad ni un plazo definido para desarrollar su estrategia de convencimiento, engaño y persuasión del electorado, su objetivo es derribar las columnas constitucionales que garantizan la estabilidad económica.

Ojalá, surjan líderes que proyecten su pragmatismo económico hacia la esfera política, que tengan la capacidad de otear el horizonte, analizar con certeza qué se está construyendo en la otra orilla y tomar acción para desarticular dicha estrategia. Los latinoamericanos y, en especial, los peruanos merecen un futuro mejor.