Curgos: ¡prueba de ineficiencia del Estado!

 

En la campaña presidencial de 2016 escuchamos reiteradamente el nombre de Curgos, el distrito más pobre de nuestro país. Muchas promesas se plantearon aludiendo a su situación, pero muy pocas se concretaron. El día de ayer, el diario Correo informó que, según cifras del alcalde, los pobladores de Curgos cuentan con ingresos de S/ 80 a S/ 100 mensuales, originando que el 94% de su población viva aún en condiciones de pobreza extrema.

Pese a las distintas intervenciones del Estado (Cuna Más, Juntos, Beca 18, etc.), hasta la fecha no existen avances significativos en la mejora de la calidad de vida de los pobladores de Curgos. Según la misma publicación, el déficit más grande se evidencia en el acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electrificación rural. Y lo que es peor, el 90% de los niños que viven en Curgos, y cuyas edades oscilan entre los tres y seis años, sufren de anemia, una enfermedad que afectará todo su desarrollo futuro.

Ante esto, cabe la interrogante ¿qué es lo que viene sucediendo en nuestras políticas públicas? Conocemos de esta dramática situación, de sus causas, y existen intervenciones del Estado, pero ¿por qué no estamos logrando mejoras significativas que impacten en la calidad de vida de los pobladores de Curgos y otros tantos lugares similares en todo el país? ¿Cuánto de los recursos económicos se han asignado a Curgos en la última Ley de Presupuesto Público —con incidencia en proyectos de agua, desagüe y electrificación rural— se han priorizado? Pero sobre todo ¿qué incidencia ha logrado el Programa de Micronutrientes en este pueblo? 

En los últimos dos años la pobreza y la pobreza extrema no han disminuido, evidenciando que las políticas públicas de intervención de la pobreza están fracasando. No se ha actuado en forma coordinada ni se han generado políticas que luego de la intervención permitan su medición y corrección. Lo que es peor, vemos que el presupuesto público no ha sido asignado en función del mapa de pobreza o algún indicador similar, sino que responde incluso a repartijas destinadas a comprar voluntades y votos, como se evidenció en los kenjivideos.

En el 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) elaboró el Estudio Multidimensional del Perú, que evidencia la necesidad de incrementar nuestra productividad con el fin de minimizar las grandes desigualdades (como las que vemos en Curgos), y la altísima y generalizada informalidad laboral. Con ello, según el Estudio, podríamos afrontar la trampa del ingreso medio y fortalecer nuestra emergente clase media, generando todo un desarrollo sistémico para los que menos tienen.

Todo esto nos lleva a la necesidad de acusar al Estado peruano, en su conjunto, de ineficiente, pues tenemos el diagnóstico, la data, la evidencia y los recursos, pero lamentablemente no se logran los resultados esperados. Creemos firmemente que esta incapacidad se sustenta en la carencia de medición y corrección de las políticas públicas. Efectivamente, a lo largo de los años hemos sido testigos de diversas reformas, pero no hemos visto, salvo esfuerzos aislados, la capacidad de medir las intervenciones o de corregirlas para lograr los objetivos planteados.

Complementariamente, otro Estudio de la OECD denominado Reformas de Gobernanza Pública: aspectos claves, ha puesto énfasis en esta situación, recomendado el fortalecimiento de la coordinación del Gobierno en su conjunto a través de la creación de un Centro de Gobierno, con el fin de “mejorar el planeamiento estratégico, la implementación de estrategias; el seguimiento del desempeño que evalúa las decisiones de gasto contra el logro de resultados estratégicos; la implementación del nuevo marco regulatorio de la contratación pública y su correspondiente estructura de gobernanza; la implementación del marco de integridad; las iniciativas de gobierno abierto; el gobierno digital; la política regulatoria y las relaciones entre el gobierno nacional y los subnacionales”. 

Este esfuerzo ha funcionado en otros países. Y como parte del plan de gobierno Fuerza Popular, se propuso una reforma del Estado peruano en ese aspecto, con algunos matices adicionales. A su vez, dentro de esta reforma se debía, según la OECD, considerar la creación de dos viceministerios en la PCM, con el objetivo de reforzar el rol estratégico.

En primer lugar, agrupar las unidades de establecimiento de estrategias grupales en un Viceministerio de Estrategia Nacional y Modernización de la Gobernanza Pública. Si bien se creó, bajo esta recomendación, el Viceministerio de Gobernanza (bajo el premierato de Fernando Zavala), se omitió la reformulación de las unidades de estrategias grupales.  En segundo lugar, un viceministerio que se encargue de implementar dichas estrategias grupales, así como unidades entregables bajo la denominación de Viceministerio de Operaciones de Gobierno y Resultados, el cual hasta la fecha no se ha implementado.

Paradójicamente, es justamente este último aspecto el que más urge, porque necesitamos de la medición y corrección de políticas públicas para mejorar las intervenciones. Por ejemplo, el Minsa ha comprado ingentes cantidades de micronutrientes durante los últimos años, hay estrategias de reparto a nivel nacional y programas articulados desde las redes primarias. Sin embargo, las cifras de niños con anemia se han incrementado, y existen aspectos de esta estrategia que no han sido materia de medición y perfeccionamiento.

Hoy nuestro país merece iniciar una serie de reformas estructurales. Una reforma impostergable debe ser la de la salud pública; pero también deben priorizarse aquellas reformas referidas a la lucha contra la informalidad. Ambas, sin duda, impactarán directamente en la vida de los que menos tienen. Ello requiere la mayor dedicación de nuestro trabajo.