¿Cuándo mejoraremos la situación de los campesinos?

Nací cuando casi la mitad de la población conmemoraba el Día del Indio en las chacras. Con o sin celebración, la desgracia rural se volvía eterna: del latifundismo pasamos a la dictadura socialista de Juan Velasco que, por un decreto supremo de 1969, promulgó la Reforma Agraria que tanto daño le hizo al país. En 1940 la población rural era el 73% de la población nacional, en 1972 el 40.5%, en 1979 el 37% y en 1990 el 22%. Entre 1970 y 1989, el déficit de producción alimentaria llegó al -20.23% y Perú ocupaba el último lugar de producción agraria en la región Latinoamericana.

A la luz de los indicadores, la reforma agraria socialista espantó a la población del campo. Las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), que organizó el marxismo de los militares golpistas, hicieron que el ganado pura sangre —destinado para mejorar las razas y para producir más y mejor leche para la población— sea engullido en celebraciones sin importancia por la gula de las autoridades elegidas a dedo. En los ochenta, los asesinatos senderistas despoblaron los campos casi totalmente. Las pocas haciendas que se reorganizaron después de la revolución militar fueron abandonadas de la noche a la mañana en la sierra central.

Entre 1980 y 1990, luego de la dictadura de los militares, los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García se encargaron de despilfarrar US$ 2,000 millones del erario nacional en subsidios, por intermedio del Banco Agrario. Hoy, el Ejecutivo de Martín Vizcarra intenta relanzar Agrobanco.

Según el IV Censo Nacional Agrario 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 1.26 millones de productores agrarios poseen unidades agropecuarias menores de dos hectáreas. Y es allí donde radica el gran problema nacional pendiente de resolver.

Los pequeños productores están abandonados a su suerte. Dedicados a la producción de autoconsumo y subsistencia, sin servicios básicos —como agua potable y saneamiento, educación, salud, seguridad e infraestructura— que les permitan ofertar en mejores condiciones sus productos. Sus actividades están condicionadas a los temporales atmosféricos de lluvia, helada y granizada. La gran mayoría no dispone de reservorios de agua para las épocas de sequía.

Los minifundios hacen imposible alcanzar índices elevados de producción y competitividad. La falta de titulación de las propiedades y de un catastro actualizado, así como la ausencia de ideas de asociatividad, no les permite acceder a las ventajas de la información y de la tecnología, que pueden mejorar grandemente sus actividades agropecuarias. La situación de los pequeños productores se agudiza aún más por la falta de conectividad vial, pues se estima que el 95% de ellos se ubican en la sierra de 19 departamentos del país, y el 5% en la costa. Lugares donde, además, la corriente eléctrica no es un servicio continuo y la cobertura de Internet casi no existe.

Los productores agropecuarios de la sierra, dueños sin título de pequeñas parcelas cultivables, no pueden seguir siendo el sector de la población que concentra casi todos los programas sociales del Estado, a pesar de poseer potenciales recursos productivos. Son 1.26 millones de campesinos que pueden ser influenciados por los relatos antidemocráticos y antimercado de una izquierda extremista que manipula constantemente sus demandas. La sobreproducción de papa y la compra por parte del Estado son situaciones que no deberían repetirse.

La Ley de Promoción Agraria (Ley Nº27360), dictada por Alberto Fujimori, es la contra reforma. Como nunca antes el sector de exportaciones agrarias se ubica en segundo lugar después de la minería. Asimismo, la reducción de la pobreza es absolutamente clara en las zonas rurales de la costa: de 67% a 19% en 18 años.

Señor Vizcarra, en este día sobran las palabras bonitas pero huecas. El mejor homenaje al campesino es extender la vigencia de la Ley Nº 27360 y organizar el campo de tal manera que 4.3 millones de campesinos puedan ser favorecidos.