Cuando el río suena es porque piedras trae

A inicios de la presente semana los peruanos nos enteramos de una situación que justificaría la forma desesperada en la que algunas autoridades buscaron forzar la renuncia, a finales del 2018, del ex Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Como siempre, estuvo articulada a campañas mediáticas digitadas por el IDL en coordinación con los grupos El Comercio y La República.

Y es que la solicitud de Pedro Chávarry para conocer los alcances del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, así como su decisión de no ratificar a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, a finales del 2018, fueron los detonantes que forzaron su renuncia. Sin embargo hoy, al hacerse público los alcances de dicho acuerdo, nos preguntamos si no tenía razón el fiscal Chávarry, para tomar dichas decisiones. Sobre todo porque hasta ahora se desconoce cuál es el principal objetivo del accionar de los fiscales Vela Barba y José Domingo Pérez, en la negociación de este acuerdo con la empresa Odebrecht que, por lo actualmente difundido, resulta desventajoso para los intereses del Estado.

Ese acuerdo debería orientarse a la recuperación de las pérdidas ocasionadas por esta empresa y poner tras las rejas a los responsables del mayor latrocinio de nuestra etapa republicana; es decir, el caso Lava Jato, en el que también están involucradas otras empresas brasileñas en complicidad con empresas locales que conformaron el llamado Club de la Construcción. Hoy con el acuerdo filtrado a la prensa, podemos asegurar que eso es algo imposible de alcanzar. Así mismo este acuerdo, al parecer, estaba llamado a asegurar, como en otras oportunidades, la impunidad y el blindaje a gran parte de los involucrados en esta corrupta red empresarial.

Ello nos lleva a preguntarnos qué acciones emprenderá, como líder de la lucha contra la corrupción, el señor presidente de la República, Martín Vizcarra, con el Poder Ejecutivo. Ya que el Ministerio de Justicia, a través de la Procuraduría de la República, fue corresponsable de la emisión y firma de este lesivo acuerdo con Odebrecht, el cual hace unos días motivó, como antes lo hemos dicho, la salida del ex fiscal de la Nación. En similares circunstancias en las que hace menos de un año, motivaron la salida del ex contralor de la República, César Alarcón, por las investigaciones de la adenda del Aeropuerto de Chincheros, que involucraban al señor Vizcarra, como ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Eso es algo que debe aclararse, por el bien de la lucha anticorrupción en el país.

Por otro lado, nos preguntamos qué hará la actual fiscal interina de la Nación, Zoraida Ávalos, para salvaguardar los intereses del Estado peruano en este escandaloso caso de corrupción, ya que los peruanos necesitamos confiar nuevamente en nuestras instituciones, que son los cimientos de la nación peruana. En base a ello, necesitamos que la actual lideresa del Ministerio Público se responsabilice de asegurar un trabajo fiscal profesional, claro y oportuno. Hasta la fecha los anteriores fiscales responsables del caso Lava Jato, como el fiscal Hamilton Castro, demostraron un trabajo lento y oscuro, comprobado con el hecho de permitir la fuga de Alejandro Toledo, avalada nada menos que por el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

Cabe recordar que Pedro Chávarry, apenas asumió la Fiscalía de la Nación, nombró al fiscal Vela Barba y su equipo a cargo de esta importante investigación. Y hoy, a la luz de los hechos, comprobamos que se ha limitado a poner tras las rejas a los principales líderes políticos de la oposición del actual régimen, y a concretar este abominable acuerdo de colaboración eficaz, que solo busca consolidar la impunidad para el resto de los responsables que aún permanecen libres.

Es por esta razón, que hoy le pedimos a la señora Zoraida Ávalos emprender las acciones requeridas para asegurar un correcto trabajo del Ministerio Público. Debe asumir el total de la “acción penal” que deviene de las conclusiones y recomendaciones a las que arribó la Comisión Investigadora del Congreso en el Caso Lava Jato, asegurando una correcta asignación presupuestal. Es decir, asignando los suficientes recursos financieros y logísticos para garantizar una oportuna y transparente acción penal, algo que hasta la fecha no se observa en el accionar de la Fiscalía de la Nación. Si estos recursos no son suficientes, debe solicitárselos al presidente de la República, quien se ha autoerigido como líder la lucha anticorrupción.

Pero sobre todo, señora fiscal, creemos que Ud. debería iniciar una investigación de oficio, al actual equipo a cargo del fiscal Vela Barba que, pese a su gran popularidad, producto de una sobre exposición mediática, viene demostrando algunas zonas oscuras que Ud. es la llamada a clarificar. Recuerde que cuando el río suena, es porque piedras trae.