¿Cuál Incapacidad?

Dice Federico Salazar, en su columna del día Domingo en el diario El Comercio, que la evaluación de la incapacidad moral permanente no es técnica, sino política; pero que no debe ser arbitraria. Efectivamente, si fuese una evaluación técnica sus referentes deben empezar por la descripción del delito, lo que se llama en derecho penal la “tipicidad”. Cuando la conducta humana incurre en una conducta prohibida y a la vez lesiona un bien jurídico –como el patrimonio, la vida, la salud o el deber de hacer– se incurre en un delito. Se requiere de quien acusa la prueba que sustente el indicio o la comisión del delito. El Código Penal describe cada uno de estos delitos, y a cada cual le establece una pena de acuerdo a su gravedad. 

El artículo 113 de la Constitución establece que la pena para la vacancia de un presidente debe fundamentarse con lo que tipifica como “permanente incapacidad moral”. Punto, no da más descripciones sobre esta característica moral del presidente. Los legisladores por lo tanto deben interpretar subjetivamente las leyes de la moral y luego sustentar por qué el presidente las incumple, y además si lo hace “permanentemente”. No se requiere una prueba jurídica sino una falta ética, moral.  Sin embargo la lógica del derecho es la defensa de los derechos individuales y el respeto a la ley que permite la convivencia dentro de los límites establecidos . 

Lo que cuestiona Federico Salazar es la pobre fundamentación exhibida en la moción 1222 promovida por la congresista Patricia Chirinos, ya que esta no aporta pruebas contundentes en la falta de cualidades morales esenciales. Dice Federico que no lo hace cuando alude al uso ilegal de fondos públicos del Gobierno Regional de Junín, que comprometerían a Castillo, ni lo comprometen las sentencias condenatorias a los ministros acusados de apología de terrorismo, ni tampoco el tráfico de influencias ante la Sunat o a favor de los nombramientos en las fuerzas armadas. Estas son responsabilidades administrativas que no revelan una permanente incapacidad moral, sostiene. Finalmente afirma que: “No basta la valoración política para determinar complicidad en un delito; el Congreso no puede detentar ese poder”, concluye. 

La evaluación de la incapacidad moral que justifique la vacancia presidencial no la vamos a encontrar escrita en la ley pues no es técnica, ni se puede fundamentar con medios probatorios jurídicos . “La justicia está por encima de la ley”; sin embargo desde el primer día el presidente toma juramento ante Dios y la patria, y promete cumplir la Constitución, pero inmediatamente incurre en innumerables atropellos al derecho constitucional; su plancha presidencial está incompleta, su vicepresidenta no está habilitada por no haber renunciado al puesto público a tiempo, como manda la ley; así como no consigna en su hoja de vida que es gerente y accionista de una constructora. Atiende a escondidas en una vivienda particular, jura un gabinete incompleto, interfiere en los nombramientos de las fuerzas armadas no respetando su institucionalidad, etc. 

Pero su mayor crimen contra la democracia y contra la población está en flagrancia permanente. Primero no reconocer que una vez electo es presidente para todos los peruanos incluyendo los que no votaron por él. Asimismo, reconocer que no está preparado para el puesto ni tiene la experiencia para gobernar, por lo tanto era indispensable rodearse de los mejores profesionales, que sean especialistas y con gran experiencia en cada ministerio. Luego promueve una innecesaria asamblea constituyente, no contemplada en la Constitución, que provoca una estampida de capitales al exterior, cuya consecuencia es la subida del dólar y de toda la canasta familiar. Un crimen político ante una sociedad convaleciente. Pedro Castillo asume las posturas de un dictador, no condena al terrorismo ni a su líder sanguinario cuando falleció. Desde el primer día de su mandato enfrenta a los peruanos, promueve la lucha de clases y victimiza al campesino con una narrativa reivindicativa y revanchista. Sataniza el éxito, el capital, la propiedad privada y la meritocracia. Hace del secretismo su estilo de gobierno; amenaza a la prensa e incurre diariamente a evidentes casos de nepotismo y corrupción . 

La incapacidad del presidente hunde al Perú. La noticia de los miles de dólares encontrados en las oficinas palaciegas ha dado la vuelta al mundo. Escuchar que su secretario personal ahorra en dólares y los lleva a Palacio para guardarlos en el inodoro es risible, ridículo e inadmisible. Dice un párrafo de La Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776): “La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigidas invariablemente al mismo objetivo,demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad”.