Cronología del endeudamiento de Petroperú

Se ha desatado en nuestro país una suerte de corriente de indignados casi en la misma fecha del movimiento 15-M español del año 2011, que justamente quedó identificado para la historia como el “movimiento de los indignados”. Allí sucedió un 15 de mayo; aquí, el día 12 del mismo mes de este año.

Los ibéricos protestaron contra los banqueros por deudas que no podían honrar. Fue una movilización ciudadana multitudinaria. En nuestro país ha sido una queja mediática de la élite del sector economía y finanzas, por el préstamo otorgado mediante decreto de urgencia (DU-010-2022), por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a Petroperú, por US$ 750 millones y la autorización de emisión de documentos cancelatorios a favor de la petrolera por S/ 500 millones para el pago de gastos e impuestos de importación. 

Muchos de los quejosos de hoy fueron silentes ayer. Pocos expresamos nuestras discrepancias en su momento; me cuento entre ellos, mis publicaciones me avalan. Por esta razón es importante hacer un recuento de la gesta de la deuda que, entre junio del 2017 y febrero del 2021, ha acumulado la suma de US$ 4,455 millones.

El origen de los pasivos de largo plazo que según los estados financieros no auditados del año 2021 de la estatal, ascienden a US$ 4,475 millones está en el financiamiento del Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT), que se vino trabajando desde marzo del 2006, como consecuencia de la promulgación de la Ley N° 28694, que hacía mandatorio a partir del año 2010 vender el petróleo diésel (D2) con 50 partes por millón de azufre (50 ppm). En esa época se expendía con cerca de 3,000 ppm de azufre. 

Luego de suscritos en el 2010 los contratos de desarrollo de ingeniería con derecho de construcción, previa autorización del monto a invertir; en mayo del 2014 se suscribió el contrato de ingeniería, procura y construcción (EPC), así como de supervisión mediante un Project Management Consultant (PMC). 

Para arribar a la firma del contrato mencionado, durante la gestión de Luis Miguel Castilla como titular del MEF y de Alonso Segura como su jefe de gabinete de asesores, se propuso desde el Ejecutivo y se aprobó en el Congreso, en diciembre del 2013, la Ley N° 30130, que declaró de “necesidad pública e interés nacional” el PMRT, que entre otros otorgaba garantía soberana para endeudamiento a Petroperú por US$ 1,000 millones. En ese contexto el MEF autorizó en abril del 2014, una deuda por US$ 500 millones, como crédito puente.

En marzo del 2017, en una Junta General de Accionistas, presidida por Gonzalo Tamayo como titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y en la que participó Alfredo Thorne como capitoste del MEF, se autorizó la emisión de bonos por US$ 3,000 millones, de los cuales se colocaron en junio del 2017 dos series, una de US$ 1,000 millones con vencimiento en el 2032 y otra de US$ 1,000 millones con vencimiento el 2047.

Durante la gestión de Martín Vizcarra, en noviembre del 2018, teniendo como titular del MEF a Carlos Oliva, se recibió el desembolso de un crédito de US$ 1,300 millones, de 11 bancos internacionales, con aval de la agencia española CESCE. A la salida de Vizcarra, durante la gestión de Francisco Sagasti, y con Waldo Mendoza a cargo del MEF, se realizó una colocación de US$ 1,000 millones de bonos, mediante la reapertura de la emisión del 2017, con vencimiento en 2047, con lo cual el registro de la nueva colocación se hizo por US$ 1,155 millones. 

Resumiendo, PPK nos dejó una deuda por US$ 2,000 millones; Vizcarra, la suma de US$ 1,300; y Sagasti, US$ 1,155. Totalizando US$ 4,455 millones, los US$ 20 millones faltantes para completar el pasivo de largo plazo vienen de una serie de diferimientos del crédito puente del año 2014. Identificados los actores, podemos discutir detalles con los indignados de hoy.