Crecer para recaudar

Existen intenciones políticas muy populares. Una de ellas involucra la expresión “ampliar la base tributaria”. La han usado como maravilla curativa todos los gobiernos peruanos. Hacerlo resultaría un objetivo hasta “técnicamente recomendable”, porque implicaría conseguir más recursos para que la burocracia gaste y permitiría castigar a un espectro mayor de contribuyentes (y no solo a la minoría que no puede escapar de la abultada guadaña burocrática (SUNAT, SAT, Municipalidades y compañía). Más allá de lo válidamente discutible de que la burocracia gaste más a costa de las familias y las empresas, y sin ningún esfuerzo por optimizar la calidad y asignación de los recursos recaudados, en el caso peruano esta intención resulta ilusa en dos aspectos.

En el primero, porque la mayor cantidad de recursos implicará malos manejos y usos innecesarios, dado que no hemos avanzado casi nada en los temas de combate a la corrupción burocrática, gobierno electrónico y asignación de presupuesto por resultados. En el segundo, porque ampliar la base resulta una opción esquiva por la combinación de pobreza masiva (la mayor parte de la población roza los ingresos de subsistencia) y por la tolerancia burocrática a la ilegalidad. Como muestra, recordemos tanto las decenas de perforaciones que se imponen a la normatividad tributaria proveniente de la SUNAT, cuanto el resto de tasas, contribuciones, licencias monopólicas e impuesto inflacionario que nos imponen a todo nivel de gobierno.

Establecido todo esto, enfoquemos desaprensivamente lo que no significa el término de marras. Ampliar la base tributaria no implica directamente aumentar la presión tributaria. Esta última (el ratio de la recaudación gubernamental sobre el PBI) puede elevarse cargando más a los mismos y sin que ningún nuevo contribuyente o sector pase a pagar impuestos. Sin aumentar la base. Eso sí, es el camino más fácil, el más popular (porque la mayoría no paga) y más destructivo; porque destruye mercados y competitividades en los sectores más rentables de la economía.

Ergo, combina su verosimilitud política (popularidad) y su capacidad destructiva, económicamente hablando. Extrae recursos de familias y empresas a como dé lugar y mayoritariamente los malgasta.

La confusión es tan nociva que deja incluso la sensación de que hay un déficit de Estado (para atender necesidades básicas que podríamos atender… si la burocracia gastase algo mejor), cuando en los hechos existe un muy destructivo superávit de (cargas del) Estado que retroalimenta la ilegalidad (informalidad), el dispendio y la corrupción. De hecho, esta resulta la opción política usual en nuestro país desde los aciagos días del corrupto velascato.

¿Y qué implica entonces ampliar la base burocrática? Según el glosario de términos económicos del Banco Central de Reserva, “elevarla” implica aumentar el “número de personas naturales y… jurídicas obligadas al cumplimiento de obligaciones tributarias”. Y que “puede también definirse como base imponible” o “el monto sobre el cual se grava un impuesto”. Aunque una cosa es el número de personas obligadas a pagar un impuesto y otra muy diferente es el monto gravado, esta imprecisión o discordancia no es casual. Como en casi todos los casos en que tocamos un tema espinoso, la imprecisión resulta clave. Para facilitarle la vida, estimado lector, podríamos asumir que tácitamente ampliar la base implica el número de contribuyentes potenciales. Personas que eventualmente pagarían impuestos, cumpliendo con sus obligaciones legales. La base, en el Perú actual (aún sin considerar el reciente paquetazo tributario del presidente Vizcarra), implicaría que el 18% sobre el valor agregado aplicado por un solo impuesto (el IGV) debería superar la actual recaudación de la SUNAT.

Así, en español simple, deberemos reconocer que solo una porción minoritaria de la población paga impuestos apegada a ley. Y que esto pasa por dos buenas razones.

La primera, implica lo que no queremos ver. Como el grueso de las personas y las empresas tienen ingresos bajos (de subsistencia, las personas, y micro, las empresas) no pueden cumplir con irracionales prácticas tributarias del gobierno peruano. La segunda implica también elemental racionalidad económica. Para cumplir compromisos (impuestos, por ejemplo) hay que poderlos pagar. No importa nada cuan iluso resulte el hacedor de política económica. La base tributaria, la recaudación y presión tributaria no dependen de los deseos o voracidad del Gobierno (creación de impuestos, tasa, etc.).

Dependen (grosso modo) de la riqueza o —si somos keynesianos— del tamaño del PBI. Es aquí donde hay que enfocarse. Si queremos más recursos fiscales sin destruir la economía del país, resulta crucial descartar salidas ideológicas. Además de gastar mucho mejor lo recaudado, hay que crecer, invertir y comerciar muchísimo más. La mayor recaudación y la ampliación de la base de contribuyentes son reflejo directo del crecimiento. Solo así —y no imponiendo cargas de papel sobre minorías— crecerán la recaudación y la población que paga impuestos.

De hecho, hacer lo que hoy día intenta hacer la administración vizcarriana implica una torpeza supina. Omiten que no hay disyuntiva: el crecimiento económico produce la ampliación de la base tributaria, no lo opuesto. Es más, tratar de ampliar la base con más cargas (a lo Tuesta) puede ser un error, puesto que afectaría negativamente la inversión privada y el crecimiento, y al final también comprimiría la base tributaria pagante. Hoy, si no crecemos mucho más (cosa que no se logrará cargando alocadamente con más tributos a los mismos), la base pagante no se ampliará ni la recaudación subirá. Solo se elevará la evasión, la informalidad y la impopularidad del compañero de plancha, exministro y sucesor de PPK.