¡Continúa el populismo en la salud!

El proyecto de Ley N°1061, presentado por el congresista José Luna Gálvez (de Podemos Perú), que autoriza la venta de medicamentos en espacios como bodegas, supermercados y otros, debe ser rechazado por la sencilla razón de que atenta de manera directa contra la salud. Y además si el mencionado proyecto de ley avanza, se estarían privilegiando intereses meramente comerciales sobre los derechos fundamentales de los peruanos. ¿Cómo así?

Como indicamos arriba, de aprobarse este proyecto en la práctica cualquier bodega de la esquina de un barrio vendería de manera indiscriminada todo tipo de medicinas. No solo eso, el mencionado proyecto de ley no ha sido debatido de manera técnica ni ha recibido la opinión del Ministerio de Salud (Minsa), la Dirección General de Medicamentos (Digemid) ni de la Comisión de Salud del Congreso, instancias que deberían dar un soporte técnico sobre si es factible o no la venta de medicamentos.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo (como el caso del transporte informal) o del Congreso se legisla o gobierna a favor de algunos grupos, en su mayoría informales, con el claro objetivo de darles cuotas de beneficios, esta vez incluso en contra de la salud de millones de peruanos. Como también señalamos, en el caso del Ejecutivo, el transporte informal quiso legalizarse durante la gestión del ex ministro de Transporte, Juan Silva. 

En el caso que estamos analizando, el proyecto de ley tiene la oposición de todos los gremios de la salud, así como de algunas de las más prestigiosas universidades. Y también de los pequeños y medianos establecimientos farmacéuticos que se verían afectados directamente de avanzar este proyecto de ley.

Desde la Comisión de Defensa de Consumidor del Congreso, presidida por el mismo José Luna, se sostiene que el referido proyecto de ley incentivará la competencia, y por ello se reducirán los precios de las medicinas y de los medicamentos. Falso de toda la falsedad. Primero porque parten de la creencia de que el precio de las medicinas depende de un supuesto monopolio “y de la concertación de precios entre establecimientos”. Sin embargo, en el Perú el 80% de la oferta de medicinas está a cargo de las farmacias del Estado (Ministerio de Salud, Essalud y Fuerzas Armadas y Policiales), mientras que el 20% restante a cargo de los privados. ¡Oh, sorpresa! Y segundo, porque una cosa es promover el libre comercio y otra cosa es que la azitromicina sea vendida por un fulano en una bodega, y no por una persona especializada en el tema, un técnico en farmacia o un químico farmacéutico en un establecimiento especializado. 

Para desarmar el modelo económico, desde algunos sectores políticos organizados en el Congreso han incentivado narrativas en contra del sector privado en la salud. Se dice, por ejemplo, que existe un monopolio farmacéutico; no obstante, los datos señalan lo contrario (de los 15,000 establecimientos que existen en el país, 86% está en manos independientes). Ahora, bajo el manto aparente de la competencia lo que en verdad se pretende hacer es entregar la salud a las bodegas y supermercados. Increíble.