Continúa el estatismo 50 años después de la caída de Allende

El lunes 11 de septiembre se cumplieron 50 años del golpe militar encabezado en la hora undécima por Augusto Pinochet, y la muerte del presidente constitucional Salvador Allende, que es recordada a su mejor entender por los extremos de los bandos políticos. Los efectos económicos del período 1970-1990 tienen hechos indubitables: la pésima gestión gubernamental de Allende y el establecimiento manu militari de un nuevo orden, mediante los discípulos de Milton Friedman, que trajo modernidad.

Sin embargo, en 17 años el “pinochetismo” no pudo superar carencias en grandes sectores sociales, que conjuntamente con las denuncias por violación de los derechos humanos, fueron las motivaciones de la negativa plebiscitaria a la continuidad del gobierno militar en octubre de 1988, que permitió el retorno a la democracia en 1990. Lo reseñado es conocido y repetido, pero muy poco se ha tratado sobre dos estatismos que no fueron tocados por los sucesivos gobiernos que han pasado por La Moneda hasta la actualidad, me refiero a Codelco (Corporación del Cobre) y Enap (Empresa Nacional del Petróleo). 

Codelco, como tal, se crea en abril de 1976 en pleno Gobierno militar, como una continuidad de la estatización de las empresas productoras de cobre de esa época, que fue aprobada por unanimidad del Congreso en julio de 1971 (el gobierno no tenía mayoría parlamentaria). La nacionalización fue una afectación directa a dos empresas americanas: Kennecott Copper Company, que tenía a cargo de la explotación del yacimiento El Teniente (ubicada en la VI región: Bernardo O´Higgins) y Anaconda Copper, que tenía a cargo la operación de Chuquicamata (ubicada en la II región: Antofagasta). Este hecho fue uno de los detonantes de la conspiración golpista del gobierno de Richard Nixon en coordinación con la CIA. 

A pesar del origen conflictivo, el “pinochetismo” en su programa de privatizaciones no puso en agenda a Codelco. Había una fuerte motivación, las Fuerzas Armadas recibían por ley desde 1958 el 10% de las ventas; es más, se hicieron adecuaciones para acrecentar el favoritismo. Este privilegio recién ha sido modificado en el 2019 por el Gobierno de Sebastián Pinera que, determinó la eliminación progresiva en 10 años del 10% citado, dado que la empresa necesita inversión del orden de US$ 40,000 millones para modernizarse.  

El segundo caso de empresa estatal no afectada por la venta de activos a privados fue el de la petrolera Enap, creada en 1950, y que antes de iniciarse el Gobierno de Allende ya contaba con la Refinería de Concón, hoy llamada Aconcagua (ubicada en Valparaíso: V Región) y la de Bío Bío (VIII región).

La seguridad energética siempre forma parte de una política de Estado y su vehículo es una empresa con control gubernamental. Eso lo han practicado los militares durante 17 años, y luego los cinco gobiernos de la centroizquierda chilena y los dos de derecha, en los últimos 33 años. 

Hago este recuento para resaltar que en el cobre la propiedad estatal está presente en los últimos 52 años, y en los combustibles durante 61 años. En ambas empresas ha habido más de un affaire, pero allí permanecen activas, y el momento es apropiado para una reflexión haciendo un paralelismo con sus pares peruanos. 

La minería en el Perú está en manos privadas desde los años noventa. Ha tenido éxito, pero lamentablemente la incapacidad estatal en el manejo de los conflictos sociales impide más desarrollo. Mientras que en explotación de petróleo se ha manejado pésimamente con los privados por laxitud estatal, y en combustibles la situación es catastrófica, según las cifras que exhibe hoy Petroperú. 

En conclusión, empresa estatal no es sinónimo de mala, cuando el manejo tiene al menos un mínimo de profesionalismo. Pero cuando la proclividad al gasto exagerado existe, la animadversión ciudadana es sintomática y la proclividad para que el Estado se retire se convierte en clamor.