David Auris Villegas
Congreso y licenciamiento de universidades
Sobre el proyecto de Ley 8056/2023-CR

El Congreso de la República, al impulsar el licenciamiento permanente de las universidades peruanas, ha incendiado la pradera del debate académico a nivel nacional. Unos argumentan a favor y otros en contra, pero ambas partes olvidan que el licenciamiento solo autoriza el funcionamiento institucional y la auténtica calidad educativa se logra a través de la acreditación universitaria.
Según el artículo 13 de la Ley Universitaria 30220, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) está encargada de otorgar licencias temporales y renovables por un mínimo de 6 años a las universidades que cumplan con los estándares básicos de calidad en sus servicios educativos. Esto suena interesante, pero una vez que las universidades logren acreditarse, ellas tienen que volver a revalidar su licenciamiento y supongamos que no logren, ¿de qué valdría acreditarse?, peor aún, ¿cuál sería el destino de sus estudiantes?
Al respecto, el Dr. Edward Roekaert —rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas, única universidad peruana con reacreditación internacional— refiere que el licenciamiento solo mide los insumos del proceso y la acreditación institucional mide los resultados que fomentan la calidad y el éxito universitario. Este poderoso argumento compromete al Estado, concentrarse en la acreditación, como hacen las influyentes universidades que exportan conocimientos encapsulados en tecnología.
En este sentido, el Congreso aprobó en una primera instancia el Proyecto Ley 8056/2023-CR, cuyo dictamen dice, “La autorización otorgada mediante el licenciamiento por la Sunedu es de carácter permanente, siempre y cuando las universidades demuestren el cumplimiento continuo de las condiciones básicas de calidad. No obstante, las universidades estarán sujetas a evaluaciones periódicas inopinadas para garantizar la calidad educativa y la transparencia en el uso de recursos públicos".
Si aspiramos a la calidad educativa, impulsemos a gran escala la ansiada acreditación, al igual que las universidades chilenas con evidente progreso. Para ello, junto a este proyecto, recojamos los avances del III Informe Bienal de Sunedu, que demuestra un fortalecimiento significativo del sistema universitario. Como resultado de estos esfuerzos, se han publicado más de cinco mil artículos de investigación indexados en Scopus y se suma alrededor de ocho mil investigadores en Renacyt, disponibles para promover la innovación y la mejora continua en todas las universidades.
Ahora, lo adecuado e inteligente sería que el Congreso legisle de manera inmediata la acreditación obligatoria, temporal y renovable, basado en estándares del primer mundo, en todo el ecosistema universitario del país. Esto garantizaría la formación de profesionales competentes que serán los impulsores del desarrollo nacional.
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