Congo nos puede ganar en cobre

Días atrás, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que, de continuar en su actual ritmo de crecimiento, Congo podría convertirse en el segundo país productor de cobre, desplazando al Perú de dicha posición. Semejante proyección informativa es un baldazo de agua fría para las perspectivas económicas del país. No obstante, el resultado dependerá de los peruanos de buena voluntad.

Pero ¿a qué se debe que el FMI proyecte tal crecimiento cuprífero en la República Democrática del Congo? Antes de pasar a desarrollar la idea vale indicar que Congo se ha convertido en una plaza importante para el mercado mundial del cobre, y solo en el 2022 ha producido más de 2,3 millones de toneladas, un 23% más que en el 2021 (cuando llegó a producir 1,8 millones de toneladas). Según un documento del Ministerio de Energía y Minas, en el 2022 Perú registró una producción de alrededor de 2,4 millones de toneladas. Es decir, casi 100,000 toneladas más que el país africano. 

El detalle de todo lo anterior es que Congo ha empezado una movilización nacional para fortalecer las áreas débiles en cuanto a infraestructura, seguridad y el agua para la generación de energía para las nuevas inversiones. No adentraremos en esta columna los detalles del país africano y su estrategia para su sector minero que es harina de otro costal. 

Ahora bien, atendiendo a la pregunta del segundo párrafo, vale decir que dos son las principales razones que juegan en contra del sector minero moderno. La primera es la guerra abierta que una minoría activa, movilizada y extremadamente ideologizada le ha declarado a la minería moderna. En esta minoría se presentan partidos, movimientos, líderes y organizaciones no gubernamentales que –bajo el sambenito de la contaminación, saqueo, destrucción y un largo etc.– han construido narrativas potentes contra la industria. Aquí se le suman otros factores de desestabilización, como las mafias de abogados, comuneros que utilizan el chantaje y la extorsión. 

El segundo término está el propio Estado, que no solo ha generado una maraña de “permisología” (se estima que hay 400 procedimientos) que aletarga y desincentiva los proyectos mineros, sino que además es incapaz de utilizar el enorme presupuesto de la tributación minera e imponer el Estado de derecho. Se estima que un proyecto minero desde que es pensado hasta que se construye se demora entre 15 a 20 años, si no más. A ello se suma que el Estado, en todas sus instancias, es incapaz de cerrar brechas sociales con los presupuestos mineros, lo que desemboca luego en una desafección en contra de la industria. 

Congo nos puede ganar. No es un sueño sino una pesadilla que se volvería realidad. Aquí hay enormes proyectos cupríferos (Tía María y Conga, para decir dos), excelentes recursos humanos, competitividad para la producción de energía para la industria. Sin embargo no hay lo más importante: un clima social y político que coloque al cobre como el gran recurso para saltar del crecimiento al desarrollo.