Confianza y gobernabilidad

El Estado no es confiable por su incapacidad para brindar servicios de calidad

De acuerdo con el informe de Latinobarómetro “La Confianza en América Latina 1995-2015”, Latinoamérica es la región más desconfiada del mundo. Y esta desconfianza se ha mantenido estable, sin importar los avances en cuanto a crecimiento económico y acceso a servicios en los últimos veinte años. La confianza no es más que “la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada”. La confianza entre una persona y otra, sostiene el informe, se basa en la creencia de que existen reglas comunes iguales para todos que son respetadas, incluso cuando nadie está mirando. Pero en Latinoamérica las cosas no funcionan de esta manera.

Ocho de cada diez latinoamericanos no confían en el otro. De las instituciones, son las instituciones de la democracia en las que los latinoamericanos menos confían. Así, “la desconfianza es producto de las desigualdades que la democracia no ha desmantelado. La expectativa que pesa hoy sobre la democracia, es el desmantelamiento de esas desigualdades”. La falta de confianza en el Estado y en las instituciones democráticas debilita la gobernabilidad de un país.

¿Cómo se puede confiar en un Estado que no brinda los servicios que la población necesita? Uno de los mayores problemas que debe enfrentar el gobierno es cómo lograr cerrar la brecha en infraestructura existente. Un estudio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico para AFIN la ha valorizado hasta el 2025 en US$ 160,000 millones. Mientras que la Contraloría ha identificado que para los sectores salud, educación, transporte y saneamiento es de S/. 280,000 millones. Pero, ¿qué significa la brecha de infraestructura? Que el 97% de los hogares en Pasco, el 93% en Ucayali y el 90% en Amazonas tiene inadecuada calidad de agua. Que solo el 41% de los colegios públicos a nivel nacional tiene servicios básicos (luz, agua y saneamiento), mientras que a nivel rural solo llegan al 24% de los colegios y que el 90% de la red vial departamental, aquella que conecta las capitales regionales con las de provincias, aún no ha sido pavimentada. Que el 61% de los peruanos que viven en pobreza no tienen acceso a redes de saneamiento.

Hace unas semanas el Ejecutivo se vio obligado a declarar en emergencia hídrica a varias regiones del país. Con la declaración de emergencia el Estado estaría destinando recursos para paliar las consecuencias negativas de la sequía. Pero ello no resuelve el problema. El ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, señaló en una entrevista reciente que en los últimos cinco años se invirtió S/. 25,000 millones en proyectos de agua y saneamiento que hoy no funcionan, ya sea porque se paralizaron o porque están deteriorados por falta de operación y mantenimiento. Entre el 2011 y el 2014 se generaron 153 conflictos sociales relacionados con el acceso y la gestión del agua.

Para el 71% de los latinoamericanos la falta de confianza en el Estado se sustenta en la incapacidad de brindar servicios de calidad. El gobierno peruano acaba de modificar las normas que regulan las APP y las OXI, mecanismos que buscan usar la eficacia y las fortalezas del sector privado para el desarrollo de obras de infraestructura. Con estas normas el gobierno está mostrando que tiene la intención de cambiar paradigmas —como al reemplazar el SNIP por Invierte.pe—, estableciendo que la inversión pública tiene que apuntar a cerrar brechas de infraestructura, y al incentivar inversiones plurianuales. Ahora será necesario un plan efectivo para apoyar a los gobiernos subnacionales en la generación y ejecución de los tipos de inversión promovidos por Invierte.pe. Mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre el destrabe, es momento de que este comience a sentirse.

María Cecilia Villegas