¿Cómo obtener la licencia social en Tía María?

¿Cómo obtener la licencia social en Tía María?

Se necesita capacidad de diálogo y mucha destreza

Después de la polémica decisión del Gobierno, de otorgar la Licencia de Construcción a la empresa Southern para la explotación del proyecto Tía María (en la provincia de Islay, cerca de la ciudad de Cocachacra), parece inevitable que se vivirá un fuerte conflicto social, con repercusión en gran parte del sur del país. Luego del relativo éxito que el Gobierno tuvo al atenuar el conflicto social en Fuerabamba y reactivar la producción de Las Bambas en Apurímac, enfrenta ahora su prueba más difícil, como punto de quiebre en la viabilidad de diversos proyectos mineros. El centro de la tensión radicará en si el Gobierno y la empresa Southern logran obtener la licencia social de la población en la zona o triunfa la prédica de diversos sectores, quienes simplemente señalan que “Tía María No Va” y “Primero el agua, la agricultura. No a la minería”.

La debilidad central para lograr este desafío es el estigma que tiene la empresa Southern en gran parte del sur peruano. Después de 70 años, pasando por manos de norteamericanos y mexicanos, el desgaste y la desconfianza que enfrenta esta corporación es muy fuerte, a tal punto que el promedio de un gran sector de pobladores de la zona señala que “Tía María puede ejecutarse, pero no con Southern, sino con otra empresa”. Pese a los avances obtenidos, durante los últimos dos años para mejorar su relación con la población y explicar las virtudes de un proyecto que implica una inversión de US$ 1,400 millones, el aporte de canon por US$ 150 millones anuales, 3,500 puestos de trabajo directos en la fase de construcción (durante dos años) y alrededor de 1,000 empleos en la etapa de construcción, el reto de obtener la confianza de la población, por parte de la empresa, parece ser una valla bastante alta. 

La situación es más compleja por el hecho de que en el conflicto latente confluyen diversos intereses, todos bajo el paraguas de oposición al proyecto minero, pero con diversas aristas que la empresa y el Gobierno deben saber manejar, atenuar e hilvanar para obtener la ansiada licencia social. Presentaremos en este artículo los diversos intereses que se presentan en la zona y las soluciones que se deberían dar, a manera de un pacto por la gobernanza territorial, para que puedan cohabitar durante unos 30 años las actividades de la minería y agricultura.

En el primer sector se ubica las Juntas de Usuarios del Valle del Tambo y el movimiento de pobladores que demandan una porción de tierra agrícola (un movimiento muy activo en todo el valle que bordea una cantidad de 5,000 pobladores). Son los sectores que, en realidad no se oponen a rajatabla al proyecto minero, pero fueron la base social de las protestas, en el conflicto del 2009 al 2011, y en el desarrollado el 2014, con un penoso saldo de 10 fallecidos en total, producto de la violencia desatada.

El reto aquí radica en generar la confianza necesaria, pero, sobre todo, la viabilidad práctica para que los pobladores se convenzan de que el proyecto no afectará la agricultura; y que el Gobierno se comprometa a construir una represa, retomando la propuesta de Huayrondo u otra alternativa, en la parte alta de la región, para extender la frontera agrícola del Valle el Tambo y lograr mayores cosechas (la construcción de la represa implicará aumentar la frontera agrícola en unas 30,000 hectáreas). Pero aquí se presentan dos problemas: primero, que los intentos de construir la represa ya han generado un enfrentamiento entre Arequipa y Moquegua por el uso del agua; y segundo, que a la fecha la Southern no habría dado ningún paso efectivo para construir la planta desalinizadora que evitaría utilizar las aguas que llegan al Valle del Tambo, y cuyo costo asciende a US$ 70 millones.

Al respecto, el economista Julio Failoc Rivas, conocedor de la problemática de la zona, señala que, precisamente, uno de los errores de la empresa Southern y el Gobierno, en su momento, fue dejar de lado la construcción de la represa Huayrondo para aumentar la llegada de agua al Valle de Tambo. De haber procedido esta iniciativa, que favorecía a los intereses de los agricultores y los pobladores que reclaman tierras y mayor agua para cultivar, la historia ahora sería otra, logrando una cohabitación entre agricultura y minería. Los hechos actuales le dan toda la razón al mencionado economista. Y es que la decisión de construir la planta desalinizadora, para no utilizar las aguas que riegan el Valle el Tambo, no debió descartar la construcción de la represa, en vista de que es una antigua demanda de los agricultores del valle.

Otro de los errores que el Gobierno y la empresa Southern han cometido, según el economista Julio Failoc, es la grave omisión de una difusión intensa, entre la población, del levantamiento real que se hizo de las 138 observaciones al cuestionado Estudio de Impacto Ambiental. La revisión estuvo a cargo de Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos (UNOPS), después de que se desatara el conflicto, entre los 2009 y 2011. Como se puede observar, la empresa y el Gobierno nacional han tenido la ocasión de usar poderosos argumentos para generar confianza en la población, pero no lo han hecho. 

El segundo sector que se opone al proyecto Tía María, está compuesto básicamente por los alcaldes del entorno territorial más alejado de la influencia del proyecto y el actual presidente del gobierno regional de Arequipa, cuyo radio de acción opositora tiende ahora a ampliarse a otras regiones del sur, donde también existen otros conflictos con proyectos mineros, como es el caso de Quellaveco en Moquegua. El discurso altisonante contra el proyecto no deja de tener intereses políticos para obtener réditos, pero también incluye demandan sociales que no han sido atendidas por el Gobierno nacional, y expresa también el desgaste de la empresa Southern en varios lugares de Arequipa y Moquegua.

En este caso, se impone, de parte del Gobierno nacional, concertar un plan de desarrollo que involucre a las empresas mineras, sobre todo de Southern. Para ello, el Gobierno nacional requiere celeridad en el tratamiento de las demandas socioambientales, para no quedarse las estériles mesas de diálogo y en promesas que al final no se cumplen y solo quedan en el papel. 

Es en este contexto que parecen acertadas tres propuestas hechas por el especialista Ricardo Giesecke para generar confianza en el proyecto y en la propia empresa Southern: a) La creación de un fideicomiso de garantía, ante la posibilidad de eventuales pasivos ambientales; b) Un sistema permanente de verificación ambiental; c) la instalación de una Oficina de la OEFA en la propia zona de influencia del proyecto, con capacidad de monitorear que la empresa cumpla con los parámetros ambientales a los cuales debe comprometerse de acuerdo a ley. 

Tal como se puede observar, si en medio de la tensión existente el Gobierno y la empresa, logran entablar un diálogo con acuerdos efectivos y de gran impacto, se podría aislar al tercer sector de los opositores del conflicto, compuesto por grupos políticos extremistas y verdaderamente antimineros (también llamados “marginales”). En realidad, son grupos minoritarios, pero con alta movilidad y acciones violentistas, tal como las que ahora intentan realizar, luego de la decisión del Gobierno de otorgar la licencia de construcción a Southern. La experiencia obtenida con el relativo éxito que tuvo el Gobierno en el tratamiento del conflicto en Fuerabamba, en el proyecto Las Bambas, donde logró evitarse un derramamiento de sangre, puede ser muy útil. La eficacia de las mesas de trabajo ahí instaladas, con la presencia del propio primer ministro y otros ministros de los sectores, son experiencias positivas que hay que replicar, con las propias particularidades del caso Tía María. 

El inminente conflicto social, por contradictorio que parezca, no necesariamente debe tener efectos solo negativos. El parto dialéctico de la tensión puede ser un pacto entre el Gobierno, la empresa Southern, los pobladores de Islay y las autoridades locales y regionales para llegar a acuerdos que hagan viable una cohabitación entre agricultura y minería. Para ello se necesita mucha destreza y capacidad de diálogo; pero sobre todo, voluntad efectiva de cumplir con los acuerdos para generar una sostenida confianza.