Cierre nuclear

El Papa Juan Pablo II dice en su encíclica Centesimus Annus, publicada en 199 : “Se puede decir quizá que después del fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el capitalismo, y que hacia él estén dirigidos los países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad? ¿Es quizá este modelo el que es necesario proponer a los países del Tercer Mundo, que buscan la vía del verdadero progreso económico y civil?”

La respuesta obviamente es compleja. Si por “ capitalista” se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva. Aunque quizá sería más apropiado hablar de “economía de empresa”, “economía de mercado” o simplemente de “economía libre”. 

No entiendo que un país minero por excelencia satanice la inversión privada que tantos recursos aporta. Por eso el atentado gubernamental contra las unidades mineras de Apumayo, Breapampa, Pallancata, e Inmaculada –que dan empleo directo a 6,000 trabajadores así como generan 48,000 empleos indirectos– es más grave que la reciente quema y destrucción del campamento minero de Apumayo. Esta vez el atacante no usó pasamontañas, porque era la mismísima primer ministro. Ella, como la principal vocera del Ejecutivo, firmó un acta dando a conocer el cierre de cuatro minas sin absolutamente ninguna razón. Un ataque certero al sector más importante de la economía. Una mentira a las comunidades en busca de protagonismo personal.

Mientras tanto, la minería informal celebra las oportunidades de expandirse, con el grave daño ecológico que genera. Sin ingresos mineros no podrán financiarse los programas sociales, y la alternativa viene con mayor endeudamiento externo. Esta medida afecta a los más pobres. Cajamarca y Ayacucho no merecen ser condenados a la pobreza por políticos irresponsables, ignorantes y envidiosos. 

La ministra Mirtha Vasquez ha cometido el peor error de la gestión Castillo, la peor barbaridad contra la confianza empresarial. Primero, no tiene competencia para interferir dentro de las atribuciones propias del Ministerio de Energía y Minas. Segundo, es gravísimo el atentado contra la ley, ya que ignora los contratos vigentes y rompe, de esta forma, todo principio de estabilidad jurídica y legal. Tercero, ignora a los miles de trabajadores que pierden su empleo y su fuente de ingresos. Ignora al pueblo al que se ufanan de defender. Asimismo desautoriza al presidente, que en su mensaje en CADE llamó a la inversión privada y ofreció estabilidad jurídica . 

Se destruyó la confianza, por consiguiente la inversión privada. Prohibir la minería formal, que cumple todas las leyes y que no es contaminante, es renunciar a la riqueza que le genera al Estado, y que le sirve para financiar los programas sociales. 

Así mismo llama poderosamente la atención la defensa legal que pretende darle el Ministerio de Justicia a los vándalos que destruyeron Apumayo. ¿En serio? ¿De qué lado se encuentra el Gobierno? ¿Pretenden legitimar la violencia ? Este despropósito es un mensaje inequívoco a la convulsión social, a organizar fuerzas de choque para tomar las principales empresas. Es un llamado a la guerra civil, a la impunidad del delito, una copia fiel del manual cubano, en el que la anarquía es el charco preferido. ¿Acaso no estamos asistiendo al triunfo innegable de Sendero Luminoso? Logramos evitar la inscripción del Movadef, pero el JNE dejó postular a Perú Libre con el mismo programa. 

A la ministra antiminera Mirtha Vásquez su fatal ignorancia le hace creer que los contratos se pueden anular por una norma de protección ecológica, que se renueva periódicamente, que es dinámica y cuyo objetivo es reparar el daño medio ambiental que significó hacer túneles y explotar los yacimientos. El plan de cierre de minas asegura que el yacimiento no queda abandonado sin antes reparar la recuperación de la tierra. Es parte del protocolo obligatorio que rige las concesiones mineras. Sin embargo, si durante la exploración la veta continúa activa, entonces se tramitan los permisos debidos y se autoriza a continuar las operaciones; pero de ninguna manera se anulan los plazos de las concesiones mineras. Un claro ejemplo es lo que sucede con Julcani, cuyo cierre se está postergando desde hace 70 años. 

Esta es una batalla desigual entre una dictadura comunista y las fuerzas democráticas que aspiran a vivir en paz, trabajar y reducir la pobreza. No nos podemos rendir, nuestros representantes están en el Congreso y son ellos los que deben escuchar el ánimo social. Son ellos la avanzada democrática que tiene que estar a la altura de las circunstancias y mirarse en el espejo el desastre venezolano y cubano.

Se está destruyendo aceleradamente el país. Escuchen, congresistas, la historia los va a juzgar.