Castillo en la encrucijada

Luego del inevitable fracaso de la vacancia, el gobierno de Castillo, en medio del deterioro económico y los conflictos sociales, se encuentra en una gran encrucijada. Quizás la mayor (y a la larga única) que deba enfrentar: entre, por un lado, continuar con un gobierno pésimo como hasta ahora o transformarlo en un gobierno apocalípticamente catastrófico. 

Huancayo, el supuesto corazón de la polémica organización Perú Libre, ha visto escenas que parecían desterradas de la cotidianidad política peruana por lo menos desde el Aymarazo de Aduviri, en el último año de gobierno de Alan García: conflictos sociales violentos, con saqueos y desmanes mayores en una capital regional. Aunque este tipo de fenómenos no eran escasos durante el gobierno de Toledo, parecía que el crecimiento económico sostenido y la lenta transformación en la cultura política regional de una cultura del reclamo y del «frente de defensa» a una cultura del botín y «la tiranía atemperada por la corrupción» había circunscrito la conflictividad social a las áreas mineras. Pero, como era evidente, a la primera ralentización económica, sumada a la típica demagogia de la izquierda cuando llega al poder y genera tanto expectativas desmesuradas como una sensación de desgobierno, la calle volvió a arder y no como las «primaveras» burguesas y calculadamente «espontáneas» de 2020 o las edulcoradas frondas limeñas anticastillistas de 2021, sino como la clásica asonada popular, sangrientamente auténtica. 

Primero,  Vladimir Cerrón, queriendo aprovechar la coyuntura crítica para ganar espacio en el gobierno que su partido llevó al poder (paradoja engendrada por los poderes fácticos peruanos), luego de la salida del ministro Condori, se manifestó comprensivo con los manifestantes, denunciando a los «derechistas» infiltrados en el gobierno, particularmente en el Ministerio de Economía. Después, cuando el pueblo «valiente y combativo» procedió a apedrear su casa, inmediatamente recurrió a su diccionario marxista de bolsillo, lo calificó de «lumpen-proletario» y, como buen político tradicional, procedió a exigir garantías a las fuerzas represivas del estado burgués. Es decir, a la Policía Nacional. 

Pero lo que da más miedo es la gran amenaza que se yergue en el camino del Perú. Como se sabe, este gobierno es un gobierno erosionado, fácilmente amedrentable, liderado por un individuo sin ningún asomo de principios teóricos o convicciones, más allá de repetir interminablemente el término «pueblo» con la misma intensidad como las ballenas anuncian con sus barbas a sus congéneres la presencia de cardúmenes en los mares fríos. Además, como ya lo ha demostrado en un sinnúmero de ocasiones, don Pedro Castillo parece temer mucho la posibilidad de dejar las inmunidades que el poder presidencial le ofrece. Sabe –o por lo menos le han dicho– que de comprobarse que mintió a la Fiscalía sobre la ubicua Karelim López, ya habría incurrido, al menos, en obstrucción a la justicia. Y si en la tarde misma del día en que entregue el poder no se encuentra en Desaguadero cruzando hacia «el país hermano», probablemente acabe compartiendo el destino carcelario de sus antecesores tan denostados por él. 

Mientras el riesgo de su decapitación venía por la derecha, podíamos ver cómo su miedo cerval lo llevaba a moderarse en la economía, a dejar como katechon del Anticristo inflacionario y estatista a Velarde y Graham, y a ir olvidando la posibilidad de la constituyente. Pero cuando la amenaza viene por el lado de la calle, de los sectores populares golpeados por la inestabilidad económica y que, debidamente azuzados, podrían empezar a reclamar medidas cortoplacistas, irresponsables y contraproducentes, la cosa pinta castaño oscuro. 

La historia reciente del Perú demuestra que el control de precios tiene resultados catastróficos. Ojalá que la veleta Castillo por lo menos recuerde eso. Mucho me temo que, en medio del crecimiento de la agitación y el desgobierno, «recuerde» sus promesas de primera vuelta y empiece a disparar «balas de plata» (Valer dixit) contra el Congreso y busque «refundar la república». La reciente –y muy absurda– subida del sueldo mínimo en una economía yacente con un 80 por ciento de informalidad nos hace pensar que estos temores pueden ser fundados.