¿Cambiar la Constitución?

No obstante el riesgo de pérdida de legalidad de la próxima administración, se persiste en la propuesta de cambiar la constitución y para lograrlo afirman que convocarán a una Asamblea Constituyente. Digamos que la Constitución actual prevé un cambio a través de este mecanismo, pero eso no es lo más importante ¿Alguien sabe qué es lo que se pretende cambiar y qué es lo que incluiría Perú Libre?

Porque cuando se pretende justificar dicha iniciativa se manifiesta que existe una “histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista”, sería conveniente que se señale en qué parte de la actual constitución se expresa y legitima la discriminación de un grupo de ciudadanos en contra de otros. Tamaño despropósito no existe.

Si como señala el mandatario electo, hay una “histórica discriminación”, eso no se debe a un tema constitucional, sino a prácticas que han sido llevadas a cabo en el ejercicio de los presupuestos generales de la república, propuestos e implementados por el poder ejecutivo que Pedro Castillo liderará desde el próximo 28 de julio.

Recordemos que la actual constitución contempla cuál es su propio proceso de reforma, cambio, actualización, o como se le quiera denominar. En consecuencia, si no se quiere cambiar la Constitución dentro del marco normativo establecido por la propia Carta Magna, cabe preguntarse ¿qué es lo que se busca?

El cambio de la Constitución es una potestad exclusiva y excluyente del poder legislativo, el cual ha sido electo el domingo 11 de abril del presente año. El pretender ir por una ruta distinta a la legalidad representaría un quiebre al orden constitucional en sí mismo. Afirmar que, ante la propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente, habrían surgido “voces golpistas”, es errado.

Lo mejor sería que el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno manifieste qué es lo que quiere implementar en la Constitución en lugar de proponer un mecanismo no previsto en el ordenamiento jurídico. El mal ejemplo de la “denegación fáctica de la confianza”, que no existe en ninguna otra jurisprudencia, salvo –claro está– en la estrenada por Martín Vizcarra.

Los ciudadanos, y con mayor razón el primer mandatario (primer servidor público, por si alguno lo olvidó), debemos dar cumplimiento a la Constitución y las leyes de la república, porque de lo contrario, cada quien podría pretender imponer su propio punto de vista. En este escenario se quiebra la seguridad jurídica y, por consiguiente, la confianza de quien desee llevar a cabo algún emprendimiento, ¿por qué arriesgar mi dinero si no existen las condiciones que permitan establecer –con razonable certeza– un retorno adecuado de mis ahorros?

Insistir en desconocer los procedimientos establecidos en la actual Constitución representaría un golpe al estado de derecho, quiérase o no admitir. El traerlo al debate público ha generado desconfianza y fuga de capitales, precisamente cuando se requiere reactivar la economía, recuperar los empleos perdidos y reducir la pobreza que alcanza a un tercio de la población.

Haría bien Pedro Castillo en reflexionar más acerca de la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente, evaluar que tendrá cinco años por delante; además, el ínterin le permitirá analizar si el escenario nacional mejora cuando se convoca al capital u ocurre lo contrario cuando se le ahuyenta. Nadie desea que haya más pobres en un país rico.