CADE, IPAE y los parlamentarios

Ad portas de CADE Ejecutivos 2022, la edición 60 de este evento, serviría insistir que es importante que el presidente Pedro Castillo asista a Paracas; pero no en una visita rápida para hablar de lo que, por supuesto, él no sabe, sino para que escuche a los expertos sobre la importancia de la inversión privada para el éxito de los gobiernos. No para hablarle a él desde la plataforma de las ponencias, sino en una sala aparte, porque CADE debe repensar sus propios aportes y ser una institución por sí misma, una que aporte persuasión.

Vamos a dejar en pausa el tema de la corrupción del gobierno de Castillo para repensar CADE. ¿Para qué más debe servir? Sirve para la reflexión y el análisis. En esta edición “se promoverá el sentido de urgencia, de unión y de acción que se requiere abordando los temas indispensables para avanzar como país: inversión privada para el progreso, Estado que funcione e institucionalidad sólida y democracia. Suena bien, pero un ilustrado economista o un empresario lo sabe y al final cada reunión podría ser un “hablarse a sí mismo”. ¿Y qué es aquello que yo mismo me puedo contar si no es lo que ya sé?

La reflexión está bien, pero ¿y la incidencia directa? ¿Y la sensibilización clave? De allí la necesidad de crear e institucionalizar algo así como “CADE-Congreso”. Al margen de la necesidad de persuadir al presidente y de demostrarle que la diferencia entre un buen y mal gobernante es a quiénes escuchas, surge la necesidad de vincular a los pensadores económicos pro-empresa privada con los que hacen las leyes. Alguna vez se trató desde algunas oenegés de crear entes vinculados, uno de ellos fue el Ojo Ciudadano en el Congreso. Se trataba de fiscalizar el trabajo y gasto del parlamentario. Una función crítica que crea resistencias. Reflexión Democrática también es importante y su valor reside en el conocimiento de la función parlamentaria, pero, ¿quién estudia la racionalidad económica de las leyes y cómo una ley puede servir a la libre empresa u obstaculizarla?

Es importante que exista una entidad, desde la sociedad, que revise la producción legislativa con énfasis en cuánto afecta a la libre empresa y que, además, tenga el acceso libre al Congreso para persuadir, orientar, asesorar, sensibilizar a los parlamentarios sobre lo que hace a una mala ley. Tener tanto acceso como un cronista parlamentario, porque una mala ley le cuesta a la sociedad. ¿Qué es una mala ley? La que obstruye y desincentiva a los individuos. Al consumidor se le da más importancia que al inversionista, a este se le exige permisos, se le fiscaliza, se le determina a perder en la vía administrativa, se le suman costos, se le reducen los motivos por lo que debería formalizarse, se le imponen costos adicionales… ¿Quién lo protege?

Un buen Congreso como un buen gobierno son persuadidos de que solo existe una lógica de crecimiento y que no hay redistribución allí donde no hay nada que redistribuir. Nadie convencerá a los profetas del odio, tan cargados de ideología, pero son 130.  Existe una conexión importante entre las normas legales con el desarrollo. A ver si se entiende por fin. La experiencia de la empresa pública ha sido nefasta. La única ruta es la inversión privada. A mejor y menor regulación o mejores leyes, mejor marco institucional. A mejor marco, mayor inversión, más empleo y consumo, los que reditúan en más inversión, empleo y consumo. Es el círculo virtuoso del desarrollo. A más empresas privadas, mayor recaudación sin necesidad de elevar las tasas. Más se recauda y hay más salud, educación e infraestructura.

Yo no invierto si se expide una ley que aprieta, tampoco si vivo al pendiente de una nueva Constitución que solo lleve al fracaso. Temas de corrupción al margen, si Pedro Castillo hubiera escuchado a asesores pro-empresa y no a chavistas, hubiera puesto al Perú (como alfil solitario en una región tomada por el socialismo) como la joya de la corona del mundo, el país estrella para invertir. Allí radica la diferencia entre ser un estadista y un peón guiado por porteros.