Burocracia e informalidad

Se prolongó la cuarentena dos semanas más, y ayer empezó la primera fase de la reactivación económica. Sin embargo, cuando se le preguntó a la ministra de Producción, Rocío Barrios, cuántas empresas había solicitado sus permisos, informó que para ayer se habían habilitado los permisos de apertura de 208 empresas y la autorización de trabajo a 500 personas. También informó que se autorizará el funcionamiento de 2,000 restaurantes, de un total de 220,000 que funcionan en Lima. 

En todo caso, Produce ya publicó los protocolos sanitarios. Se trata de 2.6 millones de empresas, según el INEI, que deberán tramitar su certificado Covid-19. No obstante, los criterios de los protocolos, en base a criterios sanitarios, plantean requisitos imposibles de cumplir. Se aumentan sobrerregulaciones y costos que serán imposibles de cumplir por los millones de empresas, sobre todo para las pymes. Por ejemplo, existen 14,000 empresas medianas y grandes que para funcionar deben contratar a 14,000 enfermeras, como establecen los protocolos. ¿Cómo así las empresas van a cumplir con estos requisitos y costos en medio de una terrible recesión y falta de liquidez? Imposible.

El resultado será más informalidad, tal como lo vimos ayer. En los barrios populares, por ejemplo, ya no existe cuarentena porque la gente debe salir a buscar el diario. ¿Acaso cree la burocracia que es un avance autorizar a solo a 500 trabajadores el primer día? ¿No les preocupa que solo 208 empresas han “podido” ser autorizadas? La realidad va a estallar, el Estado está promoviendo una desobediencia social. Ni los miles de empresas ni los millones de ciudadanos van a soportar esta situación. La cuarentena ha fracasado de facto, de hecho, por la incapacidad de liderar una política contra la pandemia.

Debemos entender qué significa tener 70% de informalidad; lo que además de efectos económicos ha tenido graves consecuencias sociales. Son más de cinco millones de familias “invisibles”, que no han tenido acceso a ninguna ayuda estatal. En la misma medida que se aumenten los controles y la fiscalización, sin considerar lo tedioso y caro que supone su cumplimiento, se estará alentando la informalidad.

Finalmente, aunque finalice la cuarentena, el virus no se irá. Probablemente vengan aún días o meses difíciles. ¿Cómo van a reaccionar las autoridades? ¿Si hay un infectado en un centro comercial o en Gamarra se va a cerrar? Tendremos una actitud de colaboración o de enfrentamiento.

De otro lado, el sector privado redujo inmediatamente sus gastos al mínimo , igual que millones de hogares. ¿Acaso no le toca al Gobierno hacer lo mismo? Reestructurar la administración pública, reducir ministerios, asesoría, subsidios y avisaje; vender Talara, racionalizar los gastos corrientes y reducir las planillas.

La catástrofe que estamos viviendo requiere una movilización de todos los sectores de la sociedad. El sector privado, vía “obras por impuestos”, debería implementar una agresiva política de infraestructura que permita crear miles de empleos. Se requiere más gerencia que política. Las élites intelectuales, empresariales, académicas, colegios profesionales y universidades deberían dar un paso al frente y constituir equipos alternativos o complementarios a los de gobierno. Deben comprometerse a elaborar planes, estrategias, cronogramas, equipos, trazar objetivos claros.

Es hora de ser actores y no espectadores frente a la pandemia. Es hora de gerenciar con los mejores profesionales. El aprovechamiento político es deleznable; las encuestas de popularidad, inoportunas. Asimismo, cuidémonos del virus ideológico: el populismo y el estatismo. El pretender polarizar la sociedad, hablar de ricos, de impuestos inconstitucionales, de control de costos y de precios en el sector privado es transitar por caminos populistas y demagógicos.