Buena gobernanza para todos

Un tema de las grandes empresas y también del Estado

Cuando presenciamos algunos deslices del Gobierno, con la reciente salida de un ministro por temas éticos y de un viceministro por temas similares de aparentes conflictos de interés, cuando vemos que la conflictividad social parece avivarse (especialmente en zonas alejadas del país), cuando relacionamos esto con la favorable expectativa que tendrían los inversionistas privados respecto al gobierno y aguardan las medidas que van tomando, podemos interrogarnos ¿cómo se conectan todas estas dimensiones? Nos atrevemos a ensayar una respuesta: gobernanza.

La gobernanza es el sistema o esquema de cómo se toman decisiones. Como tal, el concepto alcanza a todo tipo de organización, sea pública, privada, con fines lucrativos o no. La buena gobernanza, por su parte, se alimenta de los mejores estándares sobre cómo tomar tales decisiones.

Buen gobierno, empresas y Gobierno

Se argumenta que la gobernanza corporativa es un tema de las grandes empresas, y hemos presenciado cómo asimilan las mejores prácticas, al extremo de haberse creado un índice de buen gobierno en la Bolsa de Valores de Lima. Sin embargo, asumir que esta práctica se circunscribe a este tipo de entidades representaría un grueso error de interpretación

Las buenas prácticas están referidas, por ejemplo, a la transparencia (léase lo que se trasluce y se comunica); cualidad que es igualmente exigible a las distintas entidades del Estado (¿cuánto es el presupuesto?, ¿cuánto se gasta?, etc.). Asimismo, tales estándares se asocian al correcto manejo ético de las personas que gestionan y dirigen las instituciones (atención puesta en los conflictos de interés), lo cual debe entenderse como mandatorio para los funcionarios públicos. Del mismo modo, conciernen a la claridad en que las funciones y responsabilidades de las distintas instancias están asignadas y asumidas. (En la reciente tragedia en Larcomar, hemos sido testigos de señalamientos cruzados acerca de quién resulta responsable). FONAFE desde hace algún tiempo ya comprendió la aplicabilidad de las buenas prácticas a las EPE y les viene requiriendo se guíen por estas.

Los inversionistas y el BGC

La atención del buen gobierno también atañe a quienes invierten en las empresas, lo que puede motivar a que las entidades financiadas se adhieran a las mejores prácticas. Los organismos internacionales ya han adoptado este enfoque. En nuestro caso, las AFP han concentrado este esfuerzo en la designación de directores en las empresas donde invierten. Les está faltando un código de BGC del inversionista, a la usanza de mercados más desarrollados. Con ello se centrarían en temas de ejercicio de los derechos de propiedad (como ejercer voto, por ejemplo), así como en las prácticas que permitan establecer una eficaz supervisión y seguimiento del desempeño de las empresas.

Generación de valor

La motivación central de las empresas (y sus inversionistas) es la creación de mayor valor. Así lo sugiere el IBGC de la BVL, que muestra una evolución superior a la de los demás índices. Cuando le agregamos objetivos de carácter social, el BGC propulsa la eficiencia de la gestión.

Pero no basta incrementar valor, además es necesario hacer partícipes de la mejora a los distintos grupos de interés. Un reto del BGC es alinear los intereses de los stakeholders con la empresa. ¿Mejoraríamos nuestra manejo de conflictividad si nos abocamos a eso? Además, si las comunidades con las que se interactúa también tiene sus propios esquemas de toma de decisiones, ¿por qué no pensar que el BGC es también para ellos? Por otro lado, ¿no ayudaría al alineamiento el saber comunicar las medidas de simplificación, “destrabe” e incentivos que va tomando el gobierno?

Le convendría al Gobierno aplicar extensivamente el buen gobierno, para así alcanzar mayor eficacia y sostenibilidad de los resultados que alcance.

Por Enrique Díaz Ortega