Botín de algunos, pérdidas de todos

En declaraciones recientes el congresista y ministro Fernando Zeballos nos invita a confiar en las empresas estatales. Es decir, a que los peruanos volvamos a financiar nuevas aventuras empresariales de burócratas en dizque sectores estratégicos. La idea per se —sean estas producto de expropiaciones directas o indirectas, o exposición presupuestal— para muchos resulta empática y hasta popular, si y solo si nos quedamos en el ámbito emocional o en la superficie. 

Sí. Mucha gente bienintencionada, que obvia la historia económica reciente de nuestro país, tiende a preguntarse ¿si otros países tienen empresas estatales, por qué los peruanos no podríamos tenerlas? También concluyen que es una idea conveniente que la burocracia, a través de alguna empresa pública, nos regale o abarate créditos, casas, bienes de primera necesidad, insumos, etc. Y esto, los pillos y aventureros políticos, sí que lo saben. Y —como diría la difunta Mercedes Sosa— se aprovechan de nuestra gente.

Por otro lado, eso de que la Constitución Política del Perú establezca el rol subsidiario del Estado —que prohíba la intervención estatal en actividades o mercados donde existe la presencia productiva del sector privado y compita con la empresa privada— les parece algo irrelevante. De hecho, dentro de la batahola de la llamada “reforma política”, que no es otra cosa que una sucesión de cambios constitucionales, a nadie le debería sorprender que se busque introducir un cambio crítico del régimen económico de la Constitución, como el que anticipa el congresista del vizcarrato. Es decir, que veamos repetirse nuevas aventuras de ciertos burócratas en determinadas áreas de lucro fácil, vía licencias monopólicas; perdón… en áreas dizque estratégicas, tal como añora la acomodada izquierda limeña y sus aventureros empresariales. 

Merece destacarse igualmente que hoy existe una específica legislación que prohíbe la competencia desleal de empresas estatales. Y que esta en los hechos hoy sea letra muerta. Por ejemplo: el Banco de la Nación —ese estanquillo postal que actualmente recibe varios puntos del PBI en licencias monopólicas— desincentiva a muchos privados para que no ingresen a ciertos segmentos de negocios, porque el banco estatal introduce precios predatorios. Y nadie dice nada.

El comportamiento del Estado peruano, hoy y aquí, de subsidiario, no tiene nada. Ahora bien, si un gobernante progresista quiere hacerlo por ideología, sería mucho más transparente y muchísimo menos costoso auxiliar a los beneficiarios con subsidios directos para el uso de servicios financieros acotados. Pero usemos la metáfora: es difícil de detener a la chica quiere salir con un narcotraficante. Muchos peruanos encuentran algo deseable y hasta romántico la creación de empresas estatales. Pero el problema aquí no solo es la economía, sino también la historia.

En estos planos la Historia Peruana muerde. Resulta meridiana. En países con instituciones políticas, de control, judiciales y policiales prostituidas —como la Venezuela de Maduro, el Brasil de Lula o el Perú de Velasco o la alianza APRA e Izquierda Unida— las empresas estatales además de ser consideradas de todos, también configuran botines. Fuentes inagotables de corrupción burocrática impune, ineficiencia y pérdida de recursos.

Por todo esto, antes de hablar de nuevas empresas públicas -dizque estratégicas- hay que limpiar las instituciones (políticas, judiciales, policiales y de control). Sirve de mucho tener en cuenta que, si regresamos en el tiempo —me refiero a volver al periodo de influencia del hediondo velascato (lapso 1972-1991)— cuando nuestro país se derrumbó y su producto por persona retrocedió siete puntos respecto al norteamericano, descubriremos que los peruanos le otorgamos a las empresas estatales una estratosférica cantidad de recursos, vía endeudamientos y licencias monopólicas. Esto, por un flujo acumulado 1972-1992 más de 150 veces nuestro PBI del año pasado. Esto, financiando recurrentemente sus egresos con endeudamientos y licencias monopólicas. 

Sí. Aquí cae de madura una observación desaprensiva. Los ingresos de las empresas públicas resultan reflejos directos de las licencias monopólicas otorgadas por el Gobierno. Algunas explicadas por barreras naturales por administrar un único yacimiento y otros por barreras legales. Otra observación implica enfocar que este cálculo —por ausencia de información pública delimitada— no considera dos detalles. Ni el costo del abultado pago a las expropiaciones realizadas a extranjeros, ni netea el aporte de la producción de bienes y servicios de algunas de estas empresas. 

Considérelo bien: 150 PBI del 2018 dispendiados. Cuán diferente hubiera sido la historia del Perú si no hubiéramos caído en la enorme cuota de candidez e ideología requeridas para justificar la creación de botines o empresas públicas en minería, banca, manufactura, etc. Cuánta corrupción burocrática, fortunas turbias e ineficiencia se desarrollaron abiertamente en ellas, con la pasividad de todos.

Un observador acucioso —pero cándido— podría decir que estas empresas le han producido réditos al país con utilidades transferidas al Gobierno General. Los invito a revisar las cifras publicadas y descubrirán que eran botines. Los ingresos de capital del Gobierno (el accionista de estas empresas) no alcanzan históricamente a 0.2% de estos. El grueso de la plata que recaudaban con licencias monopólicas y las deudas que pagamos por ellas se dispendió. Solo en déficits acumulados produjeron una brecha de 20 PBI del 2018.

En la actualidad estos botines estatales o empresas públicas no financieras absorben 5% del PBI. El año pasado, gastaron —como gastan— unos US$ 1,055 millones del 2010. Este cálculo no incluye lo absorbido por las empresas públicas financieras (posiblemente otro 3% del PBI). Cuánto bien pudieron hacer asignados a la salud, educación o seguridad ciudadana.

Ministro-congresista Zeballos, entérese. Rechazar con determinación las aventuras empresariales de los burócratas en un país pobre —con una institucionalidad deteriorada— es la cosa más inteligente que un ciudadano puede hacer. Nuestra historia escupe esas ideas.