Arruinando la imagen internacional del Perú

En un prolijo informe del miércoles 29, el diario Gestión dice saber que “se le encargó al canciller Néstor Popolizio evaluar los escenarios en el frente externo, pues en el fondo lo que ha hecho el Ejecutivo es dar un paso que puede llevar a disolver el Parlamento”.

Es un encargo incómodo que trae a la memoria instrucciones pasadas con relación a la disolución del Congreso dispuesta por el Presidente Fujimori el 5 de abril de 1992, requiriendo que las misiones del Perú en el exterior evaluaran —ex post— el impacto de esa medida, que puso al Perú en el ojo de la tormenta internacional.

El gobierno se ufana de respetar escrupulosamente la Constitución, pero su Ministro de Justicia —¡que es el asesor jurídico del gobierno!— se permite criticar (mayo 30, en RPP) declaraciones sustantivas del Presidente del Tribunal Constitucional sobre una sentencia que ha sentado jurisprudencia obligatoria precisamente sobre la cuestión de confianza solicitada por el Primer Ministro.

¿No es una flagrante intromisión del Ejecutivo en la jurisdicción exclusiva del supremo intérprete de la Constitución, que el Ministro de Justicia debería ser el primero en respetar, cuando lo que debe primar es la vigencia de la normativa constitucional que la cuestión de confianza plantea?

¿Es acaso probable que nuestros embajadores (acreditados por el Presidente de la República) emitan opiniones o pronósticos incómodos para quien está ostensiblemente atrás de la audaz movida que puede provocar la disolución del Congreso? ¿Se puede presumir que la prensa internacional no asumiría una posición crítica y que los mercados no se preocuparían por las derivaciones económicas de esta delicada —e innecesaria— confrontación interna? ¿Acaso el gobierno piensa que los embajadores extranjeros en el Perú no observan y emiten juicios sobre la crisis política que atravesamos por el absurdo enfrentamiento Ejecutivo/Legislativo y la beligerante politización del Ministerio Público (basta escuchar las impropias opiniones políticas del fiscal J. D. Pérez en 20/19 de Canal N), ofendiendo la independencia de poderes consagrada en la Carta Magna?

No hay que ser Nostradamus para adivinar el daño internacional que nuestros principales poderes públicos le están haciendo al prestigio del Perú, a la imagen de un país macroeconómicamente solvente, y a la seguridad de las inversiones que garantiza la Constitución de 1993, que la izquierda clama por desterrar.