Arequipa: un diagnóstico político

Conviene inaugurar este año electoral con algunas reflexiones sobre mi región. Quizá con la esperanza, esperemos que no vana, que la próxima representación regional tenga en cuenta la realidad política y social profunda de Arequipa y no se disperse en asuntos cosméticos. 

La complejidad del panorama político arequipeño está signada por décadas de despolitización de sus liderazgos sociales, académicos y económicos; engendrada por un lento desguace (1991-1999) del ecosistema económico regional, basado en las finanzas, la ganadería y la industria, al que le sucedió un súbito e inédito crecimiento económico en base a la minería, el turismo y la agroexportación (2007-2019). Los actores políticos no estuvieron preparados ni para la destrucción de las viejas élites industriales y financieras ni para la adaptación a un nuevo horizonte donde eran imperativas la competitividad y la capacidad de establecer vínculos y economías de escala a nivel macrorregional e incluso internacional. Por un tiempo, y gracias al llamado “piloto automático”, la ilusión de un desarrollo sin instituciones funcionales cundió, especialmente en los liderazgos empresariales. Habrá que estar atentos a las consecuencias sociales y políticas que tendrá el decrecimiento económico de la región por la cuarentena –la más larga del mundo– que ha padecido. Se estima una contracción inédita de la economía regional en -18.9 %.

La ley de bases de la regionalización de 2002 agravó el problema de la desinstitucionalización, al olvidarse de la tradición macrorregional y corporativa del intento previo de 1988, que se inspiraba en las exitosas experiencias de las juntas de desarrollo y rehabilitación del Cusco (1950) y de Arequipa (1958). Se generó así una superposición y confusión de funciones verdaderamente monstruosa entre el alcalde de la provincia capital, el presidente regional y el Poder Ejecutivo central, con un correlato de gasto público e ineficacia. Y también una frondosa burocracia que, como se ha visto en reiteradas ocasiones a lo largo del país, es una fuente de corrupción extrema, que hace palidecer a los muy limeños y muy mediáticos escándalos de los Cuellos Blancos. 

La prueba más palpitante del fracaso de la ley toledista de 2002 es el perpetuo fracaso de toda tentativa de reconstrucción posterior a ella. Las catástrofes del terremoto de Pisco de 2007 y del llamado Niño Costero en 2017 revelaron la imposibilidad de desarrollar medidas efectivas por parte del Ejecutivo central ante el caos y la inoperancia, aunada a una vigorosa defensa de sus confusos fueros, de los gobiernos subnacionales. Ni las comisiones de notables ni las mancomunidades –que son una demostración confesa por parte de Lima del fracaso de la ley– han podido remediar este problema, mientras que catástrofes previas a la ley –como la del terremoto y tsunami del sur en 2001- fueron fácilmente resueltas en coordinación entre el Gobierno central y los municipios.

El fracaso absoluto de los gobiernos regionales durante la pandemia de 2020 ha terminado por demostrar, más allá de toda duda, la ya anunciada y muy sabida condición perniciosa de esa ley. Ha sido una verdadera tragedia ver cómo el momento en que el interior del Perú recibió las mayores transferencias económicas de su historia –debido, en gran medida, al canon minero–, estos recursos fueron dilapidados, o incluso se convirtieron en perjudiciales, en razón de una institucionalidad contrahecha y perniciosa.