¡Apuesta total por la minería moderna, señor Presidente!

No obstante que, en líneas generales, el mensaje de la Nación del presidente Pedro Castillo ha sido una lista de acciones de estos últimos doce meses, vale resaltar, que por primera vez, y frente a todo el país, el mandatario haya reconocido el inmenso aporte de la minería moderna para el Perú en tributación, generación de empleos, etc.

Como reza el dicho, todo no puede ser color de rosa, y el mensaje de Castillo no lo es. En ese sentido, si el presidente reconoció el valor de la minería moderna, no se entiende en absoluto que no haya habido ni una sola mención a un tema sumamente importante: la gestión y solución de conflictos sociales, ideológicos y políticos contra varias operaciones y proyectos mineros.

Si el presidente Castillo hoy puede presentar números azules e inflar el pecho cuando dice que las inversiones mineras continúan, y que la recaudación de canon minero ha llegado a cifras estratosféricas, es fundamentalmente por la inversión privada y, en particular, la inversión minera. La administración Castillo debería solucionar de manera integral y definitiva los conflictos en torno a operaciones mineras de suma importancia. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como se suele decir. Las Bambas por ejemplo, lleva más de un año paralizada, si sumamos todas las protestas. Y hoy la zona en la que opera pululan mafias de asesores y estrategas expertos en generar conflictos.

Pero si el presidente quiere convertir a la minería en uno de los ejes y pilares de su administración debería, en todo caso, revisar inmediatamente el Decreto Supremo 014-2022-TR que reforma el Reglamento de Negociaciones Colectivas y el derecho a huelga, y que promoverá las relaciones laborales en base a los sindicatos. Este decreto no solo le quitaría competitividad al sector minero, además generaría un sinnúmero de conflictos laborales, en los que se atacará día y noche a la “patronal”.

El otro tema que se debe revisar, y sobre todo cambiar absolutamente, es el reconocimiento del Ministerio de Cultura a las rondas campesinas –cuya dirigencia monopoliza la Cunarc (Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú)–, como “pueblo originario”, lo que resulta un sinsentido. Lo único que se logrará con eso es que las rondas campesinas puedan participar en los procesos de consulta previa, en proyectos u operaciones extractivas.