Al borde del abismo, o ya en el fondo de él

Cuando ante hechos objetivos acaecidos en una sociedad se tiene una valoración muy diferente, dependiendo de quienes los evalúen, eso es en verdad un síntoma de problemas mayores. Estamos frente a lo que podría considerarse una patología social que incumbe a todos: nuestra sociedad está enferma. Lo que nos afecta y compromete a todos, incluso a quienes supuestamente se abstienen de participar, a aquellos falsos líderes de opinión –léase manipuladores en medios masivos– y a esos otros que se creen por encima del bien y del mal.

Estamos al borde de un conflicto de terribles dimensiones. Ninguna de las partes aceptará algo que no le favorezca. Debe tomarse la única medida que neutralizaría el estallido de una segura deflagración: una auditoría arbitral que todas las partes se comprometan a respetar. No hay punto de retorno, ya no es quién gana o quién pierde, eso ya ha devenido en una gran frivolidad. Perdemos todos. Ya no es exagerada aquella hipótesis de una inminente guerra civil e incluso una no muy lejana y bastante probable intervención extranjera, en un conflicto que va escalando día a día. No quieren verlo. Si seguimos así, será mucho peor.

La opción lógica es que ambas partes acepten una auditoría arbitral y se comprometan a priori a respetar esa auditoría. Pero no parece posible. El ambiente está absolutamente contaminado, y esa toxicidad lleva a que ninguna de las partes en conflicto acepte en este momento una decisión del JNE con la que no esté de acuerdo. Hay marchas y movilizaciones, unas y otras multitudinarias, unas y otras albergando una violencia potencial a punto de desencadenar en efectiva. Contra lo que algunos creen, esas marchas no son una válvula de escape, sino que van alimentando un embalse de conflictos de terribles consecuencias para el país. Es claro que el camino "convencional" no resuelve nada. Es una grave preocupación.

Nuestras altas autoridades con atribuciones para tomar las decisiones pertinentes no parecen ser interpeladas por esta nuestra realidad, extremadamente crispada. Se trata del presidente Francisco Sagasti, la primera ministra Violeta Bermúdez y su medroso gabinete. También de Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el más incompetente que se recuerde en el último medio siglo y probablemente el peor de todos los tiempos. Ellos serán señalados como los responsables de la grave crisis que se avecina. No se muestran capaces de pensar más allá de la próxima quincena o del regio cóctel de la semana que viene, olvidando ejercer su autoridad –recibida en delegación desde el pueblo soberano– con esa grandeza que exige la historia.

Una auditoría arbitral resolvería todo en paz, seguridad y legitimidad. Ellos no deciden en tal sentido. Ellos no quieren. La historia los juzgará; y tal vez los tribunales de hoy, si logramos que haya justicia antes que otras generaciones tomen la posta. Esas nuevas generaciones observarían perplejas –desde la serena lejanía temporal– cuán estúpidos, ineptos e irresponsables fuimos nosotros, sus antepasados. Sería muy similar a cómo nosotros observamos, desde nuestro tiempo, los increíbles desatinos, torpezas y hasta las traiciones de nuestros líderes en ese luctuoso episodio de nuestra historia que aún no cicatriza del todo: la guerra con Chile, hace casi un siglo y medio. 

La única salida civilizada, teniendo en cuenta la alta conflictividad, es una auditoría arbitral. El pretexto de recurrir a dudosos reglamentos, a fallos con considerandos burocráticos o plazos vencidos, no puede ni debe ser superior al supremo interés de conocer la verdad. Una verdad necesaria para que la legitimidad acompañe a quien reciba el encargo de atender el despacho presidencial para los próximos cinco años. Peor aún, invocar la protección de información privada para negar la auditoría se cae de absurdo cuando tenemos en cuenta que esa auditoría no haría pública tal información. Solo se harán públicos los resultados del trabajo auditor. Si atendemos este pretexto, cualquier medida de control administrativo sería imposible.

Se busca la verdad, cumpliendo el mandato constitucional, que es un mandato superior –jurídica, legal y moralmente– a cualquier vericueto burocrático. La vida de millones de peruanos pende de un hilo, tanto en la acepción que alude al ejercicio de la libertad como  la búsqueda del bienestar y el disfrute de nuestro esfuerzo, como en la que refiere a la vida misma y su posible final abrupto por esa sangrienta violencia, que solo los extremistas desean y alimentan desde siempre. Tal vez no estemos al borde del abismo, sino que ya nos encontremos en el fondo de él. Una chispa que incendie la pradera, una gota que derrame el vaso o un parpadeo involuntario fatal puede llevarnos directamente al desastre. Requerimos tomar decisiones urgentes, valientes y firmes para evitar que se desencadene una guerra civil.