Ahora la pelota la tiene el Congreso

 

El discurso por Fiestas Patrias del presidente Martín Vizcarra interpretó perfectamente la indignación del pueblo contra un sistema de administración de justicia y un Consejo de la Magistratura inoperantes y corruptos, Y también contra un Congreso indolente que, encabezado por Luis Galarreta, culminó su segundo año de gestión con un magro 8% de aceptación.

Ante este panorama desolador, y temiendo convertirse en otro PPK medroso y timorato, Martín Vizcarra —en su discurso ante el Parlamento— lanzó varias propuestas para reformar el Sistema Nacional de Justicia y reestructurar el Consejo Nacional de la Magistratura, con el fin de iniciar una nueva etapa en la que se erradiquen progresivamente las malas artes, el compadrazgo y la corrupción enraizadas en organismos que hasta hace pocos días parecían intocables.

Sus propuestas no se limitaron al campo judicial, también planteó reformas políticas como la no reelección de congresistas, tal como sucede con los gobernadores, alcaldes e incluso el presidente de la República, generando posiciones encontradas entre los 130 parlamentarios presentes en el hemiciclo durante su mensaje.

La posibilidad de un referéndum para hacer estas modificaciones constitucionales fue el anuncio que provocó una reacción de oposición inmediata entre los parlamentarios veteranos, con varios períodos en el Congreso. Argumentan ellos que la vida parlamentaria necesita de su experiencia y que, por ende, no es pertinente variar la actual situación.

La actitud de quienes no desean la supresión de la reelección parlamentaria, provocó inmediato rechazo en la opinión pública —que aplaudió los cambios propuestos por la iniciativa presidencial— al demostrarse claramente que el actual estado de cosas en el sistema de administración de justicia y en el Congreso ha colapsado.

Los audios propalados por los programas dominicales de la televisión y por el Instituto de Defensa Legal, así como la probidad demostrada por buenos jueces y fiscales, permitieron destapar la podredumbre de compra y venta de favores en el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial. Particularmente en la Corte Superior del Callao, con peligrosas y preocupantes ramificaciones en la Corte Suprema de Justicia y en el Ministerio Público. Frente a este cuadro de descomposición moral y pérdida de valores, al Gobierno no le quedó otra alternativa que sostener con firmeza la exigencia de los cambios propuestos.

Los líderes de la oposición han medido el pulso popular y están tomando con serenidad el mensaje presidencial. Probablemente lo apoyen para evitar que la indignación del pueblo sea mayor frente a los patéticos audios que cada día difunden los medios de comunicación, demostrando que hay necesidad de urgentes cambios en el sistema de administración de justicia, así como en el propio Estado.

La corrupción en las más altas instancias de la Corte Suprema, el Consejo Nacional de la Magistratura y en la Corte Superior del Callao son solo la punta del iceberg. Los mismos males, aún no revelados, subsisten en otras instancias judiciales del país, así como en gran parte de los gobiernos regionales y locales.

Ante esta difícil coyuntura, se tiene que efectuar con premura una serie de cambios y reformas, en las que el Congreso de la República jugará un rol importantísimo, para demostrar que está a la altura de las circunstancias. Aquí se trata de servir a la patria, y para ello se requiere de la concertación de voluntades políticas y el respaldo del pueblo a las medidas que se adoptarán para acabar con esta lacra.

El Congreso puede y debe aprobar las reformas constitucionales propuestas por el presidente Martín Vizcarra sin necesidad de recurrir al referéndum. Para ello se requiere de dos sesiones consecutivas, así como de la colaboración de los congresistas para interpretar la “voluntad popular”, que busca acabar con la corrupción y llegar al bicentenario de nuestra Independencia con un país más justo, solidario, con estabilidad política y seguridad jurídica.

Por todo ello, los parlamentarios hoy tienen la palabra y de su gestión depende que se efectúen los cambios que la Constitución Política requiere, evitando cualquier riesgo de desborde social, que a nada bueno nos conducirá.