Agro y minería: la difícil convivencia

El inicio del diálogo entre el Poder Ejecutivo, el gobernador regional de Arequipa y los alcaldes de la provincia de Islay, a propósito del proyecto Tía María, tiene como trasfondo la difícil tarea, pero no imposible, de hacer viable una convivencia entre la minería y agricultura, por lo menos durante los 20 años que durará la explotación del proyecto minero. Ojalá que, en el momento más oportuno, los propios representantes de la Southern participen también de este diálogo, rompiendo el hielo con la población y las autoridades locales. 

Y es que la experiencia de diversos proyectos mineros bloqueados por la protesta social deja en evidencia que el Estado y la gran empresa no han aprendido la lección. Sobre todo, en aquellos lugares donde el área de explotación de minerales se situaba cerca de la actividad agrícola y en valles con una antigüedad de cientos de años. Esos fueron los casos de Tambo Grande, Río Blanco (en Piura) y ahora el de Tía María, en la provincia de Islay (Arequipa). No es casual que todos ellos hayan generado la más alta oposición de la población.

El error estratégico del Estado y de la gran minería estriba en no valorar el significado que tienen esos proyectos para las poblaciones que viven cientos de años de la agricultura. Un enfoque diferente sería en el caso de proyectos alejados de esta actividad milenaria, como se puede observar en proyectos como Las Bambas (Apurímac), Antamina (Áncash) o en las antiguas minas de La Oroya, Toquepala o Cobriza, que funcionaron a manera de un enclave. En estos últimos casos, el promedio de la protesta social no estuvo en impedir el proyecto, sino en exigir mayores beneficios de la actividad minera, tal como recientemente lo hemos constatado en Fuerabamba, en el proyecto Las Bambas. Pero, en Piura los dos proyectos mencionados alteraban drásticamente la actividad agrícola, como se pretendía en el emprendimiento de la corporación Manhattan en Tambo Grande, cuya ejecución implicaba trasladar gran parte de la población a otro lugar. Es decir, se pretendía arrancar de sus raíces históricas de vivencia agrícola a la población.

Pero hay otro dato muy ilustrativo que, tanto el Estado como la gran minería, no valoraron. En Tambo Grande, Río Blanco y Tía María las poblaciones no acusan altos niveles de pobreza, anemia y otros problemas de salud. Aquellos son lugares donde los agricultores tienen el suficiente nivel de ingresos como para considerarlos de clase media o de potencial desarrollo capitalista agrario. Todo aquel que haya visitado Tambo Grande en Piura, se habrá percatado que los dueños de las parcelas agrícolas tienen, directa o directamente ostentan capacidad exportadora en productos como el limón y diversas variedades de frutas. Pero, además un sector se ha dado maña para desarrollar minería informal, explotando el oro, con lo cual ha aumentado sus ingresos. 

En el caso de Cocachacra y el Valle del Tambo, en Arequipa, donde la Southern pretende ejecutar el proyecto Tía María, su población y sus agricultores son los que menos pobreza y desnutrición presentan, en comparación con otros distritos de la provincia de Islay y la región Arequipa. No es casual que, según datos del propio INEI, del 42% de los agricultores que han gestionado un crédito a las instituciones financieras, al 98% se les ha otorgado el préstamo correspondiente. Por ejemplo, el hecho de que en el Valle el Tambo exista un fuerte movimiento para la ampliación de la frontera agrícola, sobre todo de los sectores más jóvenes, revela que para ellos la agricultura es una referencia positiva como expectativa de vida, más que la promesa de un proyecto minero. 

Se imaginan, ¿Qué hubiera pasado si, a la fecha, la represa de Paltiture ya fuera una realidad para los pobladores de Cocachacra, no solo coincidiendo con el otorgamiento de la licencia de construcción a la empresa Southern, sino con el correspondiente aporte de la empresa minera? Es obvio que estaríamos en otro escenario, donde la población conjugaría, en un solo haz, los beneficios de un proyecto minero junto a una ostensible ampliación de la frontera agrícola,con cerca de 3,000 hectáreas y el mejoramiento de otras 10,000 adicionales. En ese caso, habría mayor confianza, mayor apertura para la autoridad estatal y la empresa minera y menor espacio para aquellos sectores radicales que se oponen al proyecto minero. El problema es que para el Estado en Islay y el distrito de Cocachacra, donde se ubica el proyecto minero, la construcción de la represa, nunca fue una prioridad. La demanda de una represa para ampliar el Valle el Tambo, es anterior a la propuesta del proyecto Tía María, con una antigüedad de casi 30 años. 

Dicho de otra manera, no se trata que el Estado y la empresa minera solo realicen una intensa propaganda o información, intentando demostrar que el proyecto Tía María no contaminará el Valle de Tambo. Se trata que para los pobladores la prioridad siga siendo la agricultura, con mayor extensión agrícola, mejores servicios, mejor asistencia técnica para mejorar sus cultivos y mejor oferta de créditos. En la medida que, para los agricultores del valle, dedicados durante cientos de años a la agricultura, vean al Estado comprometido con la agricultura, una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente, así como también aportando al desarrollo de la agricultura y la ganadería, recién tendrán la apertura para un proyecto minero, que dicho sea de paso generará recursos del canon y regalías para las municipalidades y el Gobierno Regional. 

La siguiente ecuación es equivocada: yo garantizo que no habrá contaminación; el proyecto minero generará recursos y la minería dará trabajo. Esa fórmula no resulta, no promueve confianza, no genera apertura en la cosmovisión del poblador de un antiguo valle. La ecuación exitosa es: yo te doy más agua para ampliar tu frontera agrícola; modernizo tu producción, incluyendo la actividad ganadera, y te doy plenas garantías de que el proyecto minero no perjudicará tus chacras. Es decir, la viabilidad de un proyecto minero tiene que guardar correspondencia con la puesta en un valor más alto a la agricultura. Esa es la fórmula exitosa para abrir las mentes y corazones de los pobladores del Valle del Tambo, sentando las bases para una nueva época vivencial donde el agro convive con la minería. Más aún, cuando se trata de una empresa, como la Southern, con un fuerte desgaste y con más de 70 años de explotación minera en Arequipa y Moquegua, con diversos pasivos ambientales. 

Y es esa la estrategia estatal que tiene que cambiar. Es un cambio que implica dependencias estatales más eficientes, promoción productiva, con mejores servicios públicos y obras hechas realidad. Pero, si el Estado quiere forzar la ejecución de un proyecto minero, solo con nuevas promesas de un apoyo a la agricultura, volverá a fracasar, tal como ocurrió en Tambo Grande y Río Blanco. Esperamos que los resultados positivos del diálogo abierto contribuyan de manera tangible a revertir esta situación.