¡Acorralados por la extorsión!

Quizás por la forma particular en que se fue gestando nuestra democracia, o tal vez por el “manoseo” político que ha tenido en su existencia y por la poca formación cívica (acompañada de la desinformación), muchos peruanos creemos que la democracia se reduce a la participación electoral. De modo que dejamos o trasladamos nuestras responsabilidades a quienes elegimos, poniendo en sus manos esperanzas que, en el fondo, no son sino necesidades y expectativas de vida. 

Si bien el mecanismo práctico de participación ciudadana es el sufragio universal, que posibilita la elección de representantes, recordemos que la democracia es una forma de gobierno del Estado en la que el poder es ejercido por el pueblo, a través de dispositivos de intervención para tomar decisiones. Estos hace que el individuo sienta satisfacción por el respeto de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, ante la ausencia de una clara vigilancia, muchos “albaceas” políticos nos defraudan engañándonos y, sin darnos cuenta, vamos aceptando como algo natural la coacción e intimidación en el logro de sus objetivos.

Muchos ejemplos de esa praxis evidencian que venimos siendo acorralados, en mayor o menor grado, por el fenómeno de la extorsión, que ha dado un salto cualitativo de lo económico a lo político. Veamos algunos casos. Empecemos por el más lejano a nuestros ojos, pero demasiado cercano a nuestros oídos: en sociedades rurales los alcaldes en su campaña política (antes de acceder al sillón municipal) hipotecan su gestión a los proveedores en términos económicos y a los denominados “frentes de defensa de los intereses del pueblo”. En términos políticos, terminan secuestrados y chantajeados por ambos. 

En segundo término, amerita referirnos a contextos donde la inversión y explotación minera, al ser fuerte, constituye una fuente importante de ingresos para el Estado, obligándolo a ofrecer condiciones favorables para la inversión, como resultado de la “negociación” denominada erróneamente licencia social. En ese entorno ciertos grupos que se erigen como defensores de los intereses populares van constituyendo equipos en los que la coacción, bajo la amenaza de interrumpir las actividades productivas, funciona con eficiencia, con la complicidad de funcionarios de la empresa y en algunos casos del propio Estado.

En tercer lugar, suscita la preocupación el asunto de la corrupción relacionada con el accionar de Odebrecht y los acuerdos pactados por representantes del Estado peruano para recibir información a cambio de librarlos de sus responsabilidades. Ocurre que hemos caído como país en un macrochantaje, en el que el ocultamiento de información sobre las coimas en las distintas obras realizadas ha ido armando y posicionando a grupos que, tras una careta de limpieza y con demasiada habilidad para timar, vienen señalando con el dedo acusador a otros de menor responsabilidad. 

Acciones como las señaladas muestran la configuración de un peligroso escenario de extorsión, con diversas manifestaciones, siendo los niveles de gobierno los más comprometidos. Allí están los gobiernos locales chantajeados por algunos frentes de defensa; el Estado y las empresas mineras, por profesionales en la conflictividad; los gobiernos regionales amenazando al Gobierno central (caso Tía María y otros); el Poder Ejecutivo amenazando al Legislativo (si no me haces caso, te cierro), y completando el círculo, la todopoderosa prensa, asociada al parecer con los gestores de la corrupción, manipula y desinforma a la población.

Es menester señalar que el clima político-económico-moral propiciado por ciertos actores con poder nos están llevando a la destrucción de la democracia como sistema de gobierno; y a la imposición de otra forma de gobierno, donde sus intereses resultan ajenos a la mayoría. Corresponde afirmarnos en la democracia. Y en ese sentido es hora de despertar y asumir con responsabilidad nuestro rol de ciudadanos.