Acción contra la amenaza criminal ¡ahora!

En el Perú la amenaza de la criminalidad organizada, armada y violenta ha escalado este año 2024 a una intensidad y expansión sin precedentes, comparable en varios aspectos con la agresión subversiva terrorista del decenio de 1980 e inicios de la década de 1990.

Como entonces, se producen ahora con diariamente asesinatos en calles y otros espacios públicos de las ciudades, por mano de pistoleros sicarios con la notoria vesania que era propia de los senderistas. Los asesinos no se arredran en enfrentar con violencia letal a los policías que intentan neutralizar sus actos o a los ciudadanos ejerciendo su defensa.

En espacios rurales y centros poblados menores ubicados en zonas donde están predominando las economías criminales del tráfico de tierras, la minería ilegal y la tala ilegal, bandas armadas asesinan con impunidad a dirigentes y defensores de territorios comunales: se cuentan ya cuatro decenas de esos homicidios; criminales se han posesionado de extensos terrenos que deforestan para traficar con maderas o para ofrecerlos a “colonos” migrantes; en varias provincias del país las organizaciones de criminales armados asociadas a mineros ilegales avanzan en conseguir el apoyo de clientelas locales, en agobiar a empresas mineras legales con sabotajes y homicidios de sus agentes de seguridad y trabajadores, tratando de despejar espacios de territorio y de controlar a su población estableciendo sus propias “reglas de juego” para la convivencia social, esto es, gobernanzas criminales al margen del estado de derecho; proliferan actos de destrucción con explosivos de instalaciones de transmisión de energía eléctrica, ataques armados y  vandálicos contra campamentos mineros con uso de explosivos que una infame norma emitida por el Congreso ha despenalizado alegando que son empleados por la minería artesanal.

El uso de armamento de guerra se ha popularizado en las bandas criminales, como también el empleo de granadas que solamente pueden poseer las Fuerzas Armadas.  Se ha fracturado gravemente el “monopolio del uso de las armas” por parte de las fuerzas estatales de seguridad y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la PNP registró en agosto de este año 108 hallazgos de granadas y 329 intervenciones por material explosivo y artefactos artesanales, cifras superiores a las del año pasado.  

Hay secuestros en los que para asegurar el pago de rescates se mutila a las víctimas, algo que no se conocía en el Perú, y son noticias cotidianas las extorsiones a negocios de toda magnitud, con coerción y con violencia activa, la población nacional manifiesta desamparo y temor, como lo registran todas las encuestas y, por si no fuera bastante, las extorsiones con amenazas terroristas han obligado a paralizaciones masivas del transporte urbano, luego de que en sólo tres semanas cuatro conductores de vehículos fueran asesinados a tiros por pistoleros en Lima; durante la paralización el día 26 de septiembre un sospechoso incendio siniestró 25 buses de una empresa extorsionada. Solamente en el ámbito de los pequeños emprendimientos familiares sitos en Lima, la Asociación de Bodegueros del Perú ha señalado con cifras detalladas 9.000 denuncias por extorsión de sus agremiados en lo que va de este año 2024.

Un panorama de violencia similar al que en los años de 1980 y 1990 se vivía durante los obligados “paros armados” de los subversivos comunistas, con graves daños para las economías empresariales y familiares, pérdida significativa de días de trabajo productivo y significativo impacto en la economía nacional, más todavía porque la amenaza criminal armada y violenta desincentiva las inversiones, la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo.

Frente a esta situación, el poder político y específicamente el Poder Ejecutivo no están enfrentando la amenaza criminal con la energía y resolución que corresponde a sus responsabilidades; el gobierno deriva en sucesivos y fracasados esfuerzos erráticos y aislados, carentes de continuidad y de eficacia, como han sido los de imponer “estados de emergencia” cabalmente inútiles o disponer acciones paliativas e inconexas.

El gobierno se empeña en no reconocer que la amenaza actual no es contra la seguridad ciudadana (esa entelequia sociológica), pues está afectando la gobernabilidad, el control estatal de zonas del territorio, la seguridad de las fronteras, la vida y actividad de las poblaciones y la propia vigencia del orden interno que corresponde imponer al Estado. La amenaza criminal de hoy en el Perú es contra la seguridad nacional.

En su desorientación, el gobierno difundió el día 24 de septiembre la creación de un Consejo Nacional de Política Criminal con funciones de “estudiar el fenómeno criminal del Perú y elaborar diagnósticos de diferente nivel y alcance, a fin de identificar los factores presentes y los elementos tendenciales de futuro que inciden o puedan incidir en su expansión”.

Una decisión vana y torpe ante el estado crítico de la amenaza criminal contra el Perú, que no brinda espacio ni tiempo para estudios y deliberaciones que ya debieran haberse realizado sustentando la decisión política de la presidente de la República para liderar el combate a la criminalidad organizada, armada y violenta, asumiendo que la amenaza criminal es contra la seguridad nacional y, por consiguiente, contra la vida y tranquilidad de la población y contra el orden de Estado, por acción de grupos hostiles no estatales. Pero probablemente sea una expectativa muy alta para un gobierno tan escandalosamente mediocre que está dejando el Perú librado a los apetitos rapaces de la criminalidad organizada.

Cabe señalar que la descripción de las funciones de la neonata entidad revela que el gobierno nacional carece de la inteligencia correspondiente que debería haber sido aportada por el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), centralizada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) con base en sus órganos integrantes de las FF.AA., PNP y Mininter. La mención de esta necesidad insatisfecha y demandada por el decisor político señala con claridad la inoperancia del SINA en el cumplimiento de sus responsabilidades funcionales.

Pero he aquí que, de manera sorprendente y de seguro como una reacción espantada ante la paralización del transporte en Lima, el gobierno hace un giro brusco de timón anunciando con énfasis el establecimiento del estado de emergencia “con el fin de fortalecer la lucha contra el crimen organizado” en 12 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, y por intermedio del ministro de Defensa, acompañado del PCM quien rechazó que se adjudique inacción al gobierno. El titular del Mindef afirmó que la participación de las FF.AA. en este estado de emergencia será debidamente planificada por su Comando Conjunto en coordinación con la PNP.

El nuevo estado de emergencia es la sexta edición de una medida fracasada que ha sido desvirtuada por el Ejecutivo y las FF.AA. durante el presente gobierno que dice -y no hace- el combate a la criminalidad organizada. Hay ingenuos clamando que “los militares salgan a las calles” y otros demandando su “presencia disuasiva”. La realidad es que los militares no están para una ni otra cosa; no son ni pueden ser patrulleros ni figurones. La única responsabilidad que en verdad les compete es la de apoyar las operaciones policiales que, con base en la inteligencia producida, “golpeen” a las organizaciones criminales en sus “búnkeres” y reductos de acopio logístico y de recursos económicos. Y eso exige que efectivos de las FF.AA. armados tiendan cercos de control territorial y de accesos aislando las zonas puntuales de la operación policial, facilitando allanamientos, capturas, detenciones y decomisos con el concurso de fiscales del Ministerio Público.

Ante la peligrosidad de los criminales armados que no se detienen en enfrentar a los policías, los efectivos militares tendrían que hacer empleo de sus armas con la debida protección legal al amparo del D. Leg. 1095 y con el respaldo de sus respectivos asesores jurídico-operacionales, para neutralizar denuncias de “exceso en el empleo de la fuerza” que, de seguro, serán intentadas por los brazos de defensa legal de las bandas delictivas y la red de oenegés en el negociado de los derechos humanos. En este sentido, la intervención militar debe tener la finalidad de “separar el grano de la paja” protegiendo a la población civil en los puntos de intervención y doblegando a los criminales.

Eso es, precisamente, lo que hasta ahora no se ha hecho, revelando la falta de compromiso del Mindef y las FF.AA. ante la amenaza. No huelga señalar la ineficacia de la presencia militar de sólo unos días en los anteriores períodos del estado de emergencia, ni su sustracción de responsabilidades ante la minería ilegal en Pataz.

En cuanto a lo que corresponde al Mininter, cuyo titular deambula errático creando fantasiosos grupos especiales –el más reciente es denominado Grupo Operativo de Respuesta contra la Extorsión (GOREX)–, debería atender las necesidades de centralización y aumento de los recursos humanos y materiales de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), de la Dirección de Criminalística y de la Dirección de Inteligencia de la PNP con el necesario y urgente potenciamiento de la Divincri concentrando el personal policial desperdigado y desperdiciado en las secciones de investigación criminal de las comisarías PNP.

La decisión política requerida para enfrentar con probabilidades de éxito la amenaza criminal impone actuar asimismo en el frente jurídico-legal. En este sentido, es imperativo impulsar que se agilice en el Congreso la norma legal que penalice con la mayor severidad las conductas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. La expresión “terrorismo urbano” es inconveniente por falta de rigor taxativo, pero con seguridad hay la fórmula que permita reponer en vigencia el espíritu del D. Leg. 895, de mayo de 1998, lamentablemente derogado el 2001, que penalizaba con el mayor rigor a “El que integra o es cómplice de una banda, asociación o agrupación criminal que porta o utiliza armas de guerra, granadas y/o explosivos, para perpetrar un robo, secuestro o extorsión u otro delito contra la vida, el cuerpo y la salud, el patrimonio, la libertad individual o la seguridad pública”.

El anuncio gubernamental de ampliar “inmediatamente” el penal de máxima seguridad de Challapalca para los sometidos a prisión preventiva y los actuales reos en cárcel que intenten dirigir sus crímenes desde otros penales, es positivo pero muy insuficiente. Se requiere con urgencia nuevas prisiones que con las tecnologías actuales pueden ser edificadas e implementadas en no más de seis meses, incluyendo la opción de reabrir El Frontón y donde los internos no tendrán derecho a beneficios penitenciarios, bajo control militar de rotación frecuente y no del corrompido INPE. El ejemplo de la actuación enérgica del gobierno de El Salvador señala el rumbo a seguir.

Además hay que imponer normas legales para que la detención preliminar de sospechosos de actos criminales sea hasta por 15 días sin derecho a revisión por parte de alguna magistratura. También, la creación de un subsistema de administración de justicia especial contra el crimen organizado, habilitado para juicios sumarios. Y habrá que aceptar el reciente anuncio de colaboración del Ministerio Público con el GOREX-PNP.

Pero sería intonso confiar en la actuación de los fiscales acostumbrados a liberar criminales con alegaciones garantistas, incluso aquellos de alta peligrosidad y detenidos en flagrancia. Al respecto, es necesario exigir que el gobierno genere la normativa que habilite la acción desde la Procuraduría del Estado y el proceso penal inmediato a fiscales y jueces que liberen de prisión indebidamente a delincuentes, o que no cumplan con aplicar la ley penal represiva con el máximo rigor.

Asimismo, se necesita con urgencia la normativa que elimine la inimputabilidad penal para los individuos menores de 18 años de edad que cometan delitos con violencia y empleo de armas, y la que aplique en forma inmediata y rigurosa la expulsión del territorio nacional de extranjeros detenidos en situaciones de comisión de delitos violentos y/o extorsivos.

Cabe la suspicacia legítima de quienes creemos que los recientes anuncios del gobierno son solamente eso, y que la energía verbal con que se hacen se desvanecerá con el paso de los días, como ha ocurrido en anteriores oportunidades. Peor todavía si el Ejecutivo no atiende a la necesidad urgente de actuar con las propuestas punitivas que hasta hoy omite. El escepticismo se justifica, pues no existe razón alguna para postergar con falta de diligencia las decisiones políticas y para la normativa legal y administrativa que corresponda ante el estado de emergencia generado por la amenaza criminal contra la seguridad nacional.