César Félix Sánchez
A un mes de la caída de Roe versus Wade
Constitución estadounidense no reconoce ningún derecho al aborto

En medio de la universalización de uno de los frutos tardíos más notorios de la revolución sexual en el Occidente posthumano (el llamado “mes del orgullo”), uno de sus frutos más tempranos, la sentencia Roe versus Wade de la Corte Suprema de Estados Unidos (1973), ha caído estrepitosamente, ante el nuevo fallo de este tribunal dado el viernes 24 de junio.
No era una sorpresa. La ilegal e inédita filtración del borrador de la sentencia en mayo hacía esperar un resultado de ese tipo. Y aunque las feministas y sus aliados de izquierda se apresuraron a desencadenar uno de sus «mayormente pacíficos» disturbios (que involucraron ataques a iglesias y centros provida, así como un intento de asesinato a un juez conservador), al final la Corte suprema se mantuvo en sus trece y consideró que la Constitución estadounidense no reconoce ningún derecho al aborto y que, por esa razón, corresponde al pueblo, a través de sus legisladores federales o de sus estados, regularlo. Hasta aquí nada que objetar para cualquiera que defienda el sistema democrático liberal.
Pero tanto el gobierno de Biden, cuya popularidad ha colapsado hasta extremos históricos, como los agresivos sectores progresistas de siempre pegaron un grito en el cielo. Paradójicamente, para estos mismos sectores que consideran que no hay derecho a portar armas a pesar de que la Constitución lo dice expresamente así, el llamado «derecho al aborto» es indiscutible, a pesar de que no se encuentra en ninguna parte de la carta fundamental. Como siempre, el doble rasero parece ser la esencia de los social justice warriors.
La sentencia de 1973 coló al aborto como parte del «derecho a la privacidad» entre un médico y una paciente. No hablaba ni de su financiación o promoción del mismo, ni mucho menos de que sea un «derecho constitucional fundamental» en sí mismo. Sin embargo, como señala la Corte, ese fallo acababa imponiendo una determinada visión extrajurídica de la materia –a saber, que el nasciturus no es una persona– que no corresponde a las funciones de tan alto tribunal.
Esta victoria ha sido posible gracias a la fortaleza y valentía del movimiento pro-vida norteamericano, que supo, por su perseverancia y contra múltiples enemigos externos e internos, convertirse en el fiel de la balanza en las reñidas elecciones norteamericanas. De esa manera lograron que Donald Trump, al inicio ajeno a estas preocupaciones, pudiera verlos como un actor político con el cual colaborar y, a la larga, terminase convirtiéndose en una especie de pro-vida. Y al final cumplió sus promesas, nombrado a jueces de sólidas convicciones conservadoras que perseveraron en sus principios, a diferencia de anteriores tránsfugas que llegaban a las cortes con votos conservadores, pero acababan en el otro bando, como el inefable Anthony Kennedy.
Finalmente, no queda más que saludar el valor de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se mantuvieron firmes a pesar de todo, teniendo a casi todos los grandes medios de comunicación, al mundo académico, a parte del establishment eclesiástico incluso (¡!) y a turbas enfurecidas en su contra. Mientras que acá tantos jueces y legisladores se amedrentan al menor periodicazo progre o a la más mínima tuitería. Ojalá que nuestros congresistas manifiesten semejante valor moral, especialmente a la hora de votar por el proyecto de ley que protege al concebido, presentado por la congresista Rosángella Barbarán.
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