A propósito de los sobrecostos laborales

Hace unos días estuve leyendo sobre la intención absolutamente positiva por parte del gobierno de reducir los denominados sobrecostos laborales del 40% al 10%, con el objetivo de fomentar la formalización. Al respecto tengo tres comentarios que quisiera poner en el centro del debate.

La definición de impuesto, tal como nos señala la teoría económica, implica el pago, por parte de la empresa o el trabajador, para financiar las tareas del Estado. Por su parte, el Estado cumple el rol subsidiario en una economía de mercado, de proveer la infraestructura y el marco institucional necesario para operar; además de brindar servicios de salud y educación y asistencia social, a población de menores ingresos.

Esto quiere decir que el pago que realiza un trabajador o su empleador a una EPS o empresa de seguros, para contar con un seguro de salud, o a la AFP u ONP para el ahorro para su jubilación no deberían ser considerados como impuesto, en la medida que el trabajador se beneficia directamente por el pago que realiza mensualmente. Por tanto, este pago no puede ni debe ser tratado igual que el impuesto a la renta, a la cual se encuentra afecto un trabajador.

Por ello, to, aquí el objetivo de política va en dos sentidos; y las herramientas deben ser, al menos, dos distintas. Por un lado, para el grupo de trabajadores que hoy se encuentran en planilla, se busca que las comisiones que pagan por acceder a la cobertura de salud o pensiones o seguro de invalidez/sobrevivencia, por ejemplo, sean cada vez menores, y que esos servicios sean de calidad y eficiencia. Pero en ningún caso se puede afectar su libertad para construir un fondo de pensiones sobre el cual él es el único dueño; o su derecho a asistir a una clínica privada, porque paga para disponer de este servicio.

En consecuencia, para el segundo grupo de trabajadores, que no cuentan con cobertura de alguno de los componentes de la seguridad social (salud, pensiones, seguro de invalidez/sobrevivencia, CTS), la herramienta de política debe partir de reconocer que el trabajador independiente e informal que hoy no contribuye no puede ser agrupado en la misma bolsa; por el contrario, como lo ha señalado en múltiples oportunidades Elmer Cuba, existen distintos tipos de trabajadores que están por fuera del sistema. Y aquí nos encontramos con una disyuntiva. Si la preocupación del gobierno es “formalizar para aumentar recaudación” o si realmente el objetivo es “incrementar cobertura de seguridad social”. Esta definición es crucial para elegir los instrumentos de política y la gradualidad de implementación de los mismos.

Mi caminar por las calles de Lima y mi trato directo con muchos independientes, de todo tipo de ingresos, así como los propios intentos fallidos de gobiernos pasados (afiliación obligatoria de independientes en 2012, DS de pensiones sociales con contribución compartida entre Estado y MYPE de 4% mensual) me llevan a pensar que lo que nos hace falta es darle libertad al independiente y de las microempresas para que disfrute directamente los beneficios de la seguridad social. Y para ello se debe partir de que el peruano sí puede y quiere pagar por un servicio de calidad a buen precio; y las industrias privadas deberían acompañar este proceso de creación de nuevos productos a precios competitivos. Una vez enganchado el independiente, y habiendo sentido los beneficios de ser formal en materia de “seguridad social”, estoy segura de que estará dispuesto a pagar impuestos razonables que le permitan seguir generando flujo de caja, así como ser competitivo y productivo. Conceptos básicos para la sostenibilidad de cualquier esquema de reforma a largo plazo.