A propósito de austeridad

Es un hecho macizo, cuantitativa y cualitativamente. Se ha repetido varias veces, pero conviene subrayarlo. Del 2011 al 2017 se ha duplicado el presupuesto nacional. ¿Acaso siente usted que se ha duplicado la calidad de los servicios que ofrece el Estado en salud, educación, seguridad y justicia?

Independientemente de la posición política que uno tenga, los ciudadanos comunes —de carne y hueso— sabemos que la respuesta a la pregunta anterior es no. Allí están los índices de aumento de la pobreza y de aumento de la anemia y de la subalimentación (de la que poco se habla) para ponerlo en evidencia. Allí están nuestros estudiantes que, a pesar de los millonarios gastos en el sector educación, no logran aprender a leer y escribir, ni a sumar y restar.

En el Gobierno del señor Humala y en lo que va de este Gobierno, en fin, comprobamos que, pese a haberse doblado el presupuesto nacional, los ciudadanos recibimos servicios para nada acordes con ese aumento. Nos atreveríamos a decir que el irrespeto por el ciudadano que busca salud, por ejemplo, es un signo claro no solo de que los servicios no han mejorado, sino también un signo claro de indiferencia ante la vida humana. Y los ejemplos se multiplican en todos los ámbitos donde el Estado debe prestar servicios: desprecio por el ciudadano.

Podríamos afirmar —y con certeza— que el problema de nuestro Estado es un asunto de gestión. Pero la corrupción y el derroche de dinero no están en ningún manual de gestión signada por la decencia.

El hecho concreto es que el Estado requiere más ingresos. Con desesperación. Y requiere recortar gastos innecesarios, también con desesperación. Tal vez ninguna de esas dos cosas sería necesaria si revisásemos el presupuesto y los servicios que brinda el Estado a la luz de una gestión decente, inteligente y eficiente.

Por el lado de la austeridad, nos atreveríamos a plantear una medida simple y aplicable casi de inmediato. Sabemos que las entidades estatales están llenas de burócratas que van entorpeciendo —hasta físicamente— el buen fluir de los servicios. Con valentía debería ya estudiarse la fusión de ministerios y la reubicación (y aun despido) de personal. Pero sabemos que esto sería pedir mucho en las actuales circunstancias y ante gobernantes pusilánimes.

Deberíamos sí estudiar rápidamente en cada sector cuáles trabajadores podrían cumplir sus funciones eficientemente desde su casa, a través de computadoras. Es más que fácil intuir —para quien conozca el Estado— que en cada sector un 30% de personal podría hacer su trabajo de esta manera.

Para el trabajador sería un significativo aumento de sueldo y —con una gestión adecuada— un aumento en la eficiencia. Para el Estado sería un significativo ahorro en toda la logística que hoy demanda tener ese empleado en la oficina.

Por lo demás, el tráfico de Lima nos lo agradecería.