A la bruta

El 27 de junio siete regiones del país descubrieron con horror que tendrían un mes más de cuarentena. La sensación en Arequipa, una de estas regiones, fue que la estricta observancia de la cuarentena durante el primer mes fue recompensada con cuatro semanas de cuarentena más de castigo; mientras que lugares como La Libertad, Loreto, Piura o Lambayeque, que supuestamente –y siempre de acuerdo a la «narrativa» oficial– tuvieron un cumplimiento más laxo, se han visto premiados con una reducción de su famoso índice Rt y un relajamiento de las medidas coercitivas. La conclusión parece ser tan obvia como paradójica: la mejor forma de acortar una cuarentena es violándola tanto que se produzca un contagio lo suficientemente grande como para que la curva descienda. Gran paradoja de las cuarentenas misteriosas de estos tiempos, respecto de las cuales el famoso doctor francés Didier Raoult ha dicho que no sabe si lograron salvar la vida de nadie.

Para tal caso, piensan los arequipeños, hubiéramos violado la cuarentena masivamente cuando el clima todavía era propicio, a fines de marzo e inicios de abril, antes que, como todos los años, el invierno nos traiga la mortandad recurrente y tradicional de las infecciones respiratorias agudas. Sin embargo, los arequipeños, en gran medida fieles a su vieja (y quizá, gracias a esto, ahora muerta) pietas cívica se ufanaban del cumplimiento riguroso de esa medida. Las imágenes que la prensa captó, tanto del centro de la ciudad como de las principales avenidas en silencio y desolación ominosa, son una de las múltiples pruebas del alcance de este acatamiento. No quiero decir que no hayan existido violadores eventuales de las normas, pero no se comparan en magnitud a los de las regiones que ahora gozan de mayor libertad. 

No solo eso: cuando pasó el primer mes y las prórrogas interminables se sucedían e inevitablemente el sector de la población que debía sobrevivir con su trabajo diario salía a las calles, el Comando COVID, liderado por el general Gratelly, una figura cuya falta de lucidez y confusión mental es proporcional a su mediocridad, decretó por más de un mes y medio la suspensión absoluta del transporte público y de los principales mercados, para evitar el mentado colapso sanitario. A partir del 30 de junio, se seguirá perseverando en las mismas medidas represivas y restrictivas que acabaron por no evitar nada. ¿No se le llamaba locura a hacer lo mismo nuevamente y esperar resultados distintos?

Y con la llegada del invierno, llegó también el colapso. Tanto el presidente regional, Elmer Cáceres Llica, como Gratelly empezaron el demencial espectáculo de echarse la culpa en una catarata de expresiones entrecortadas y a veces ininteligibles. Se decía que el sistema hospitalario no había colapsado, que había cuatrocientas camas para internar personas; pero lo cierto es que ya la cuestión no era la falta de UCI, sino hasta del colapso del simple sistema de triaje.

En la práctica, el único hospital Covid que existe es el largamente colapsado Honorio Delgado, diseñado para una ciudad de 300,000 habitantes. Ya no existe oxígeno y las personas que lo necesitan deben enviar a taxistas aventureros, que violentan la cuarentena para cruzar la frontera con Puno y llegar a Juliaca y llenar los balones ahí, como me consta por testimonios directos. Las pruebas moleculares son escasísimas y las rápidas, erradas y todo, estratosféricamente caras. 

Pero las declaraciones de las autoridades, especialmente las del ministro de Agricultura Montenegro, «encargado» de Arequipa por el Ejecutivo, pasan del subjuntivo al futuro simple del indicativo; pero son solo eso, palabras gaseosas y sin ningún correlato con la realidad. Los trabajadores del CAS-Covid de Arequipa (la primera línea de combate que, como en 1879, es mandada por las autoridades a la muerte sin siquiera tener calzado o municiones) siguen impagos. Recién ahora, luego de meses, el Ejecutivo autorizó al gobierno regional el uso de algunas partidas del canon para pagarles. Pero eso igual demorará bastante. 

¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo de siempre: la estupidez y malicia generalizadas de las autoridades regionales y nacionales. Desde el criminal traslado de policías infectados en abril a Arequipa, que constituyeron el segundo y al parecer más grande foco de contagio, hasta la demora en la reparación de los respiradores artificiales en Lima y el absolutamente kafkiano caso de un hospital de campaña que debió haber estado listo hace varios meses, pero que ahora no tiene ni siquiera agua y desagüe, por negligencia directa del Minsa. 

Lo chistoso del asunto es que esta desgracia increíble ocurre luego del periodo de mayor crecimiento económico de la región: durante casi una década y media el dinero del canon y otros incrementos presupuestales inundaron las arcas de los gobiernos municipales y regionales. Pero, como siempre, se privilegiaron las obras cosméticas viales y pseudomonumentales, para propiciar a las constructoras amigas. 

El Gobierno central se lavará las manos, evidentemente, echando toda la culpa a las autoridades regionales. ¿Pero no se ufanaba Vizcarra de su talante reformista? ¿No sabía acaso que la esclerosis y mal funcionamiento de los gobiernos regionales exigían, ya desde hace tiempo, una reforma de la ley de bases de la regionalización del 2002, más necesaria que estupideces como la «paridad de género» o la inmunidad parlamentaria? Pero claro: no quería hacer nada al respecto, puesto que estos gobiernos, infinitamente más corrompidos e inútiles que cualquier Congreso, eran sus aliados incondicionales. Ahí se demuestra que el interés del Gobierno no era generar ninguna reforma, sino simplemente fabricar demagogia y acumular poder, engañando a la gente. 

Hay catástrofes inevitables. Y quizá el deluge sanitario en Arequipa sea una de ellas. Pero por lo menos hubiera sido deseable que nuestra economía no acabe tan golpeada. Nada de eso: el Supremo Gobierno perseveró y persevera con una cuarentena que luego de casi cuatro meses volverá a gran parte de la población inmunodepresiva, sea por la miseria o por el miedo, y arrastrará a los formales a la informalidad y a los informales a la extorsión ávida de algunos malos elementos de las fuerzas del orden. Las provincias altas de Arequipa, casi sin casos, han permanecido bajo las mismas medidas, con la consecuencia de una vida económica destruida y una inseguridad generalizada. Porque todo se ha hecho a la bruta.

Vizcarra amenaza ahora con un nuevo referéndum. No le ha bastado sumirnos en el gasto indecente de S/ 124 millones de su inútil referéndum anterior de 2018 (que él mismo, merced de la divinizada Comisión Tuesta, acabó por contradecir) y de la también inútil elección congresal del 2020 (que terminó por producir un Congreso peor que el anterior) que nos costó S/ 142 millones. Si a eso le sumamos los S/ 2,000 millones que se gastaron en consultorías en 2019 y los S/ 4,200 millones en los Juegos Panamericanos de ese mismo año, habría alcanzado incluso hasta para mandar a los enfermos arequipeños a Taiwán en aviones hospitalarios, ni qué decir de pagar a los pobres CAS-Covid locales o cumplir con la promesa de los 80 hospitales. 

Que esto le sirva de lección a Arequipa: el vizcarrismo no paga. El problema mayor no eran ni Mamani ni Chávarry, sino un Gobierno de las apariencias, cuyo único interés es mantener viva, con prebendas legales, una máquina de propaganda poderosa y afianzarse en un poder sin límites.