Valeriana para el Defensor

Extrañas declaraciones de Walter Gutiérrez

La elección de Walter Gutiérrez como Defensor del Pueblo es una buena instantánea de la nueva situación política del país, nacida de los resultados electorales de las elecciones nacionales. De una u otra manera, la elección de Gutiérrez revela que la abrumadora mayoría promercado que se expresó en la primera vuelta comienza a hacer sentir su peso en la estructura estatal. Bueno, así son las cosas en democracia, ¿o no? De allí que la izquierda haya criticado con los argumentos más rebuscados la elección de Gutiérrez.

Hasta allí todo resulta previsible. En el Perú existe una mayoría en la élite y los medios —que no corresponde a la mayoría nacional— que cada vez se muestra más intolerante con la otredad, con lo diferente. Sin embargo la novedad no ha sido el cargamontón en contra de la elección del Defensor, sino la extraña reacción de Gutiérrez. El hombre salió a declarar como si fuese un representante neto de la izquierda estatista y una especie de iluminado que nos viene a salvar de “las arbitrariedades del mercado”.

El asunto comenzó con una aseveración que debe ser grabada en bronce: “Aquí creemos el mito que no hay que tocar el mercado”. ¿Quién cree semejante tesis? La Constitución establece claramente que la economía social de mercado tiene mecanismos claros de regulación. Y si el asunto no funciona es de exclusiva responsabilidad del Estado. Allí, hacia el aparato estatal, debería el Defensor dirigir las flechas. Luego nos dice que en Inglaterra y Estados Unidos se regula el mercado. Otra vez, ¿en el Perú no? Primera noticia. En todo caso, si Gutiérrez no explica claramente que la regulación en el Perú no funciona por exclusiva responsabilidad estatal, cualquiera puede confundir su discurso con el de Verónika Mendoza en la pasada campaña electoral.

Pero las cosas se complican cuando Gutiérrez nos revela su visión acerca de la defensa del consumidor. Señala que “pagamos la medicina más cara, la telefonía más cara” y luego anuncia que desarrollará “un informe sobre la calidad de los colegios particulares”. Y, ¿sobre los colegios nacionales? Cuando el Defensor pretende defender al consumidor solo se ocupa de la regulación, pero no le interesa la pluralidad de la oferta.

Por ejemplo, si fallan las cosas en las medicinas, puede ser que falten regulaciones; pero si mejoramos estas, ¿bajarán los precios? En América Latina ya sabemos hacia dónde nos llevan esas aproximaciones: estatizaciones y controles de precios. Por ese duele que Gutiérrez no haya mencionado para nada la necesidad de incrementar la competencia para mejorar la calidad y los precios en medicinas, telefonía y colegios, para defender al consumidor.

Pero las declaraciones de Gutiérrez adquieren un tufillo mesiánico cuando señala, prácticamente, que nada ha funcionado en el Estado y que él es algo así como un protector nacional del consumidor, una especie de “salvador”. Señalar que nada ha funcionado en Indecopi es una temeridad que solo puede gastarse un hombre que “hace política”.

Gutiérrez entiende de manera extensiva las atribuciones que le otorga la Constitución: “defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”. Considera que semejantes facultades lo empoderan para ser un especie de guardián del mercado y, tarde o temprano, podría deslizarse hacia la infracción constitucional.

Todo parece indicar que el estrés causado por la artillería zurda ha impulsado a Gutiérrez a formular semejantes declaraciones. Sin embargo, más allá de cualquier resbalón y quizá sin querer queriendo, ha comenzado a organizar el programa de las fuerzas antisistema hacia el 2021: defender al consumidor solo con la regulación estatal, ignorando la importancia de la competencia en la calidad y los precios de los servicios públicos.

Víctor Andrés Ponce