Naturaleza de la censura de la titular de Trabajo

La censura de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez, se produjo con 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. Al margen de la extraña votación de nueve congresistas de Perú Libre a favor de la sanción política, de una u otra manera, en el Congreso se ratificó una clara mayoría política en contra el proyecto colectivista de la asamblea constituyente. 

Si bien entre los principales argumentos a favor de la censura estaba la absurda autorización a los trabajadores aeroportuarios para desarrollar una huelga en Semana Santa –que afectó gravemente la actividad turística–, es evidente que en la decisión de la mayoría pesó, sobre todo, el proyecto del MTPE de colectivizar las relaciones laborales.

De alguna manera, con esta decisión el Congreso ratifica la misma mayoría que procedió a archivar el proyecto de la asamblea constituyente que presentó el Ejecutivo, la ley que establece que los referendos para la reforma total o parcial de la Constitución deben pasar previamente por el Congreso –de acuerdo al texto constitucional–, y la norma que precisa el ejercicio de la cuestión de confianza de parte del Ejecutivo.

En este contexto, ¿qué más se puede especular sobre la censura a la titular del MTPE? Quizá el Congreso puede acumular todo tipo de críticas y diversos niveles de descrédito, sin embargo, es evidente que en el Legislativo no se permitirá que se viole la Constitución ni las leyes nacionales. Y en ese sentido, la gestión de la señora Chávez violaba abiertamente el marco constitucional y la normatividad sobre las relaciones laborales.

Vale recordar que desde el MTPE se había establecido un incremento de la Remuneración Mínima Vital e, igualmente, se había derogado la tercerización en los contratos laborales, sin consultar con el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Y se había ignorado al sector empresarial que invierte, innova y crea empleo. Siempre vale anotar que el sector privado aporta el 80% de los ingresos fiscales y provee más del 80% del empleo en el país. Pretender dirigir el MTPE en contra del sector empresarial, entonces, no solo era una locura económica, sino que violaba el texto constitucional y los tratados internacionales que consagran el carácter tripartito de las decisiones en torno al mundo laboral (trabajadores, Estado y empresarios). De allí que la OIT haya llamado la atención al MTPE.

Si el Congreso no procedía a censurar a la titular del Trabajo entonces, en las próximas semanas, el Perú se habría enfrentado a la propuesta de un nuevo código laboral que pretendía colectivizar las relaciones laborales e instaurar un mundo del trabajo en base a sindicatos y negociaciones por rama, no obstante que el más del 85% del empleo en el Perú se desarrolla de manera informal. Una verdadera insania legal.

El desplome de la inversión privada entonces habría tenido una doble fuerza destructiva: de un lado los anuncios de la constituyente y la nacionalización de los recursos naturales y, del otro, el intento de colectivizar las relaciones laborales –es decir, de estatizar– desde el MTPE.

Pero uno los aspectos más delirantes de la propuesta laboral del MTPE, que se expresa en la llamada “Agenda 19”, era que pretendía crear derechos en los contratos laborales a pesar de que el 90% de las empresas del país no pueden pagar semejantes costos y, por lo tanto, deberían refugiarse en el mundo de la informalidad y la extralegalidad. En otras palabras, todas las propuestas del MTPE tendían a aumentar la informalidad.

En síntesis, a pesar de los errores y las dudas que ha tenido para iniciar la transición política necesaria para superar la destrucción generada por el Gobierno de Castillo –a través del relevo de todo el Ejecutivo–, el Congreso sigue sumando aciertos. Son logros que tienen un enorme valor.