Los candidatos de la “insurrección”

Para quienes respetamos la Constitución, las leyes y la vigencia de las instituciones, la vacancia del ex presidente Vizcarra y la sucesión de Manuel Merino, constitucionalmente, es impecable. Los argumentos que cuestionan el procedimiento son rebuscados y responden a estrategias políticas antes que a argumentaciones jurídicas. Sin embargo, dentro de una comunidad política este tipo de diferencias pueden ser parte del juego constitucional, siempre y cuando nadie pretenda patear el tablero.

Vale señalar que, cuando se presentan este tipo de diferendos, existen dos tipos de sociedades: las que recurren a sus instituciones y las que desatan insurrecciones. Los candidatos nacionales Verónika Mendoza, Julio Guzmán, George Forsyth y Ollanta Humala han convocado a las calles a pronunciarse en contra del Gobierno del presidente Manuel Merino. El sueño de estos políticos es que las llamadas protestas crezcan hasta derribar el Gobierno de Merino. A todas luces un objetivo irreal, porque el Perú no es Chile, Bolivia o Ecuador. 

El sector de la izquierda que pretende convertir a la calle en el gran elector o el factor determinante sobre las instituciones es uno demasiado sensual, vinculado a la empleocracia estatal y bastante alejado de las bases que se requieren para una estrategia insurreccional a la chilena. Asimismo, en el Perú, a diferencia de los países vecinos, siempre ha existido una respuesta conservadora –ya sea en su versión religiosa o ideológica– en contra de ese multiculturalismo que es el combustible y la energía de una estrategia insurreccional. ¿A qué vamos? Creemos que más son los miedos que se infunden con la información o desinformación que la posibilidad de que las calles dobleguen a las instituciones republicanas como en Chile.

No obstante, ¿qué pasaría si las convocatorias de Mendoza, Forsyth, Guzmán y Humala se salen de control? Es decir, si producen eventuales quemas de iglesias cristianas o destrucción de la propiedad privada y pública, según los consejos que llegan de Chile y Bolivia. A nuestro entender, en ese momento se acabarán las posibilidades de las calles, y las viabilidades electorales de los mencionados candidatos habrán terminado. ¿Por qué? Porque ellos serán los únicos responsables de las consecuencias de las estrategias en la calle, porque ellos como políticos son los únicos que pueden convocar a la insurrección o hacer pedagogía llamando a una estrategia institucional y republicana en contra de lo que creen es inconstitucional. Aquí lo que sorprende es, ¿cómo así Forsyth y Guzmán se embarcaron con extrema rapidez en la estrategia de la izquierda antisistema que se agrupa en el Foro de Sao Paulo? ¿No era acaso que el Partido Morado estaba en contra de la hemorragia populista en el Congreso?

De alguna manera la extraña reacción política de los cuatro candidatos parecería revelar que no solo se oponen a la vacancia sino que, al parecer, perciben que –luego de la sucesión– han perdido las elecciones nacionales.

No se puede negar que la experiencia republicana está al borde de un abismo. Hacerlo sería caer en negacionismo. Pero cuando vemos cómo se pretende cambiar las decisiones asumidas por las instituciones –de acuerdo a la Constitución de 1993– para torcerlas con la presión de la calle, con la idea de las masas, con la idea de las mayorías registradas en una encuesta circunstancial, cualquiera puede llegar a la conclusión de que con la administración Vizcarra la idea de república o el sistema constitucional ya eran letras muertas. En este contexto, la vacancia y la sucesión constitucional se transforman en la única manera de salvar el régimen republicano.