Las batallas entre Ejecutivo y el Congreso

Esta semana un sector de la izquierda ha comenzado a desarrollar la narrativa acerca de que hay “una estrategia golpista” en la mayoría parlamentaria, que intentaría vacar al presidente Castillo. Sin embargo, semejante análisis solo echa combustible a la polarización y la guerra, porque pretende describir el efecto, pero se niega al análisis de cualquier causa.

Si el Perú está polarizado, si se han perdido los niveles mínimos de gobernabilidad, solo se explica por una razón: la decisión del Ejecutivo de promover una asamblea constituyente. Quizá algunos no se hayan dado cuenta de que una propuesta de ese tipo desde el vértice de poder, en el acto, genera una situación de convulsión política, institucional y económica y social. 

Al margen de que no exista una crisis económica, los leninistas voluntaristas señalarían que el anuncio de la constituyente genera una situación revolucionaria. Y como todos sabemos, toda situación revolucionaria también organiza la posibilidad de la victoria de la contrarrevolución.

Desde el anuncio de la constituyente, el Ejecutivo ha asumido decisiones que, de una u otra manera, revelan unidad y coherencia en ese objetivo. Por ejemplo, la designación del Gabinete Bellido y de ministros cuestionados, los anuncios de la nacionalización del gas, de la segunda reforma agraria y de la industrialización de la hoja de coca, forman parte de ese libreto. 

¿Qué se busca con este tipo de anuncios y decisiones? La respuesta es una sola: el choque con el Congreso. ¿Para qué se busca el choque con el Legislativo? Para forzar las dos denegatorias de confianza, disolver el Legislativo e instalar una asamblea constituyente. De allí proviene la crisis de gobernabilidad que padece el sistema republicano.

Ante esta situación, el Congreso ha aprobado una ley que regula la cuestión de confianza y ha comenzado a sumar votos para enfrentar la estrategia de cierre del Congreso. Y en el país se resucita la disyuntiva vacancia o disolución.

Luego de la presentación de la presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ante el Congreso, el asunto sigue igual o peor. La PCM elabora un discurso que pretende convencer, pero el presidente Castillo pide una ley para nacionalizar el gas. La guerra continúa.

Igualmente se ha sostenido que el jefe de Estado puede nombrar como ministro a cualquier persona que considere. Es decir, puede nombrar a Iber Maraví en Trabajo y a Carlos Gallardo en Educación. Es decir, se sostiene que el jefe de Estado es un rey que gobierna por sí y ante sí. Si nombra un ministro que cuestiona la seguridad nacional y viola todos los principios y objetivos que persigue la Constitución, entonces, el “jefe de Estado está en su derecho”.

Como se aprecia, la polarización y la guerra política comienzan a construir argumentos inviables para un sistema republicano. Si se pretende recuperar gobernabilidad, entonces, hay que descartar la asamblea constituyente. Desde allí se construye un nuevo momento político.