La OEA y la globalización progresista

Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), llegó al Perú, se reunió con el presidente Castillo y luego lo respaldó sin ninguna distancia, en momentos en que el Congreso se tramita un proceso de vacancia de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú. Almagro fue más allá de su papel y señaló que Castillo es un jefe de Estado cien por ciento comprometido con los problemas del país y que, además, está empeñado en desarrollar una lucha frontal contra la corrupción.

En otras palabras, Almagro le respondió directamente a todos los argumentos de la moción de vacancia presentada en el Congreso. Argumentos que van en total sentido contrario de las afirmaciones de Almagro. Luego el secretario general de la OEA afirmó que “la Carta Democrática Interamericana cumple 20 años y es una constitución de las Américas”.

En otras palabras, la OEA se vuelve oficialista en momentos en que las instituciones republicanas del país se tensan alrededor de una salida extrema –como es la vacancia– contemplada en la Constitución. En el acto surgen preguntas inevitables. ¿Por qué Almagro no hace lo mismo en Bolivia y respalda a la ex presidente Jañez, injustamente recluida por una feroz persecución política? ¿Por qué Almagro no inicia una cruzada internacional en contra de la dictadura venezolana? O, igualmente, ¿Por qué no se pronuncia frontalmente contra el encarcelamiento de opositores de parte de la dictadura nicaragüense?

El pronunciamiento de Almagro es inaceptable y desproporcionado en un país que, no obstante todos sus problemas acumulados, sigue funcionando de acuerdo a los marcos constitucionales. El único momento en que se quebró el orden constitucional fue con el cierre inconstitucional del Congreso, invocándose una figura que no existe en la Constitución (la denegación fáctica de la confianza) para oponerse al ejercicio de una función exclusiva y excluyente del Congreso (la elección de los magistrados del TC). Sin embargo, en ese entonces Almagro guardó distancia frente a los hechos, una distancia que ahora estaba más que obligado a guardar.

En cualquier caso, el señor Almagro acaba de protagonizar una de las estrategias del progresismo mundial que busca relativizar la autonomía de las repúblicas nacionales e instaurar un orden internacional en que los funcionarios de los organismos multilaterales interpreten la globalización o la Carta Democrática Interamericana a gusto de la coyuntura.

Es la misma estrategia que se pretende materializar con la presencia de juristas extranjeros que intentan convertirse en veedores del Congreso en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Igualmente es el mismo libreto que se escenificó con los intentos de aprobar el Acuerdo de Escazú, que era una especie de tratado de todos los tratados.

Para entender la estrategia de globalización ideológica del progresismo vale señalar que, según el llamado Acuerdo de Escazú, todos los problemas ambientales se convertían en temas de DD.HH., los tribunales nacionales se subordinaban a las cortes internacionales y los activistas ambientales (léase antimineros y violentistas) conseguían una inmunidad especial. El Acuerdo de Escazú, pues, proponía un sistema de soviets en base a oenegés.

El pronunciamiento de Almagro, entonces, forma parte de esta estrategia Sucede aquí, en Estados Unidos, en Europa y en todas partes. A nuestro entender, las repúblicas que sobrevivirán a esta globalización ideológica son las que se reafirmen en los principios republicanos clásicos.