La incapacidad moral permanente de Vizcarra

La noticia acerca de que el ex presidente Vizcarra y su entorno más cercano se inmunizó con la vacuna de Sinopharm en setiembre, el posterior intento de explicación del propio ex jefe de Estado acerca de que participó en un ensayo clínico y el desmentido categórico de la Universidad Cayetano Heredia sobre la participación de Vizcarra en el mencionado ensayo, parece que terminarán de demoler cualquier reserva política del ex mandatario.

El asunto se agrava porque el ex jefe de Estado, y nadie más, es el principal responsable de que el Perú –contando con todos los recursos y posibilidades– no haya celebrado contratos para garantizar la inmunización en el 2021 de la población peruana frente al Covid. Los sectores que todavía defienden al ex jefe de Estado argumentan que las cosas se explican por la vacancia de finales del 2020, pero hoy todos sabemos que las negociaciones, normas y cualquier ley debieron aprobarse durante el mandato de Vizcarra. Si las cosas no sucedieron así es porque el ex jefe de Estado solo se dedicó a la guerra política con el Congreso, bajo la creencia de que gobernar se reducía a una estrategia de información o desinformación.

Pero las cosas adquieren una gravedad sin paragón si escuchamos las teorías conspirativas acerca de que el ex jefe de Estado, adrede, no quería comprar vacunas ni controlar la pandemia con objeto de forzar la postergación de las elecciones y permanecer en el poder. Luego de conocerse la deslealtad con la nación –con los miles de muertos, con las familias quebradas y los millones de nuevos pobres– del ex jefe de Estado, empieza a ser relativamente fácil entender qué significa la incapacidad moral permanente que establece nuestra Constitución como causal de vacancia del primer magistrado de la Nación.

Igualmente, el ex jefe de Estado acaba de ser protagonista de una noticia que ensombrece el proceso electoral. El reconocido periodista Ricardo Uceda acaba de publicar un revelador informe donde se describe la manera cómo el Jurado Nacional de Elecciones esperó ocho días para cambiar una resolución y favorecer la candidatura de Vizcarra. Si esta sombría noticia se llegara a confirmar la pregunta que emergería es, ¿de dónde venía tanta influencia del ex presidente? Y de otro lado dibujaría enormes interrogantes sobre la transparencia del presente proceso electoral.

En cualquier caso, a medida que pase el calendario y se sucedan las semanas, la gente irá procesando estas devastadoras noticias sobre la conducta del ex jefe de Estado. Y el susurro nacional más o menos será el siguiente: ¡De la que nos salvamos! Porque es evidente que un presidente, que concentra el mayor poder del Estado y es el primer magistrado de la República, que actúa de esta manera no estaba dispuesto a dejar el poder respetando las formalidades institucionales.

No pretendemos hacer leña del árbol caído. De ninguna manera. Nada más lejano de nuestra voluntad que las pasiones que atraviesan a los políticos. Pero el Perú está destruido institucionalmente, quebrado económicamente, con un retroceso general de más de una década, cuando tenía todas las posibilidades de enfrentar la pandemia y garantizar la inmunización de la población, tal como sucede en Chile. 

Y semejante situación merece una explicación. Los yerros monumentales, populistas e irresponsables del Congreso si bien forman parte de las causas de la crisis nacional, no explican la destrucción nacional del país. Un jefe de Estado que tuvo una de las popularidades más altas de la reciente historia, que pudo enrumbar al país a un camino de acuerdos y entendimientos, prefirió la guerra política sin cuartel, y los días revelarán si adrede evitó celebrar contratos para adquirir vacunas.

En cualquier caso, ahora los ciudadanos entenderán con facilidad la enorme importancia de que en nuestro texto constitucional exista la figura de la incapacidad moral permanente. Es una manera de salvar a las repúblicas. Y solo nos queda aguantar la vergüenza frente a un mundo abismado ante la conducta del ex jefe de Estado.