La estatización como propaganda comunista

Los congresistas del Frente Amplio acaban de presentar un proyecto de ley para expropiar las plantas de fabricación y los establecimientos de distribución de balones de oxígeno medicinal, en medio del descomunal fracaso del Estado en garantizar la provisión de oxígeno. Miles de muertes causadas por la pandemia se habrían evitado si la pasada administración Vizcarra y la actual no creyeran que la política empieza y termina con una estrategia de información o desinformación.

Hay muchas cosas que nos permiten llegar a la conclusión de la existencia de un Estado fallido que, hasta antes de la pandemia, gastaba US$ 65,000 millones en los gobiernos central, regional, local y empresas públicas. El sistema de salud se ha derrumbado, no obstante que, en dos décadas, el presupuesto del sector se incrementó en siete veces, hasta sobrepasar los S/. 15,000 millones. Faltan camas UCI, faltan pruebas moleculares, no hay vacunas para el 2021, pero lo más grave: la gente se muere en los hospitales por falta de oxígeno. Esa imagen resume en una instantánea la idea general de un Estado fallido.

Ante el fracaso del Estado, el sector privado –sobre todo el sector minero– se ha lanzado con diversas iniciativas a construir decenas de plantas de oxígeno (la iniciativa Respira Perú) e incluso a importar oxígeno desde Chile. De alguna manera, si el oxígeno sigue llegando es por esta especie de convergencia público privada.

En este contexto, los sectores comunistas se lanzan con una propuesta de estatizar las plantas privadas de oxígeno, a sabiendas que es una iniciativa que se estrella con la Carta Política y las leyes nacionales. Y el proyecto es excluido del trámite de comisiones a sabiendas también de que el Tribunal Constitucional no aceptará una iniciativa express, porque ya existe jurisprudencia. Y a sabiendas también de que, a lo mejor, el presidente Sagasti observa la norma en un arranque de pudor frente al colectivismo desatado del Ejecutivo con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria y el monopolio estatal en la importación de las vacunas.

En realidad, el objetivo central de los núcleos colectivistas es hacer propaganda anticapitalista. En primer lugar, plantean la estatización para dejar la imagen de que la falta de oxígeno en el Perú se explica por el sector privado, y de ninguna manera por el fracaso del Estado fallido y de la burocracia colectivista. Y si la estatización no prospera –como puede suceder– se dejará la idea de que “los empresarios chupasangres” se opusieron a la estatización para seguir lucrando con el oxígeno.

Se trata del mismo software que aplican los sectores comunistas en América Latina, que en el Perú comenzó a desarrollar el Gobierno de Ollanta Humala y que Martín Vizcarra llevó a niveles superiores. Por ejemplo, durante la emergencia del año pasado, la administración Vizcarra enfiló contra las farmacias privadas, pese a que el sector privado solo controlaba el 20% de la oferta en medicinas. La carencia de genéricos contra el Covid era de exclusiva responsabilidad del 80% de las farmacias estatales (Minsa, Essalud, Sanidad Policial). Sin embargo, el pasado Gabinete Zevallos quiso forzar un control de precios. 

Vizcarra cruzó todas las fronteras al hacer un amague de la estatización de las clínicas, argumentando que la falta de camas hospitalarias era responsabilidad de las “clínicas chupasangres”. Las clínicas privadas solo atienden al 5% de la población.

En esta coyuntura de derrumbe del Estado fallido y de colapso del sistema de salud, las corrientes comunistas utilizan el amague estatizador como una herramienta de propaganda. Y es que para los comunistas la política se reduce a controlar el poder en base a una estrategia de información y desinformación.