Finalmente, el Congreso destruye el modelo económico

La decisión del Ejecutivo de repetir el confinamiento ciego que impuso la administración Vizcarra, y que llevó al Perú a tener una de las mortalidades por millón más altas de planeta y una de las recesiones más devastadoras, está pasando por alto el hecho de que el Congreso parece empoderado para aprobar normas que, finalmente, cambiarán el modelo económico antes de las elecciones nacionales.

En este contexto, el Perú, los partidos y los candidatos parecen una aglomeración de desconcertadas gentes donde solo las corrientes comunistas y colectivistas, como se dice, la tienen clara. El objetivo colectivista no solo es generar la irritación nacional frente al colapso del Estado, el deterioro de las instituciones y la política, sino, sobre todo, destruir o debilitar en extremo al sector privado antes de las elecciones nacionales. 

Conscientes de que les ha sido difícil ganar elecciones nacionales en las últimas dos décadas, las corrientes colectivistas y comunistas entienden que el poder no solo se gana en las urnas, sino que se construye y se asalta a la misma vez. De allí que, al margen de las discusiones sobre su origen y legitimidad, un Ejecutivo y un Congreso interinos, en la práctica, están derribando todos los pilares del modelo económico basado en la inversión privada y la desregulación de mercados que posibilitó triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia.

Cuando en el exterior circula la noticia de que la Ley de Promoción Agraria ha sido derogada, nadie puede entender la vocación de autodestrucción nacional, porque afuera se observaba el boom agroexportador como un verdadero milagro económico y se percibía el potencial del país para convertirse en potencia agroexportadora mundial. Todo eso ha terminado, y el Ejecutivo y el Congreso han jugado en pared para aprobar una ley agraria que establece un salario especial, imposible de pagar por las pequeñas empresas.

Algo parecido sucede con la ley que establece topes a las tasas de interés. En la práctica se ha eliminado la evaluación de riesgo en la concesión de créditos, y todos sabemos que los más pobres y los más pequeños siempre representarán mayor riesgo. No habrá, entonces, crédito para los pobres ni las pymes.

Sin embargo, cuando todos creíamos que no había nada peor, ahora una comisión multipartidaria del Congreso propone crear un sistema unificado de pensiones en donde el sistema privado de pensiones, en la práctica, pasará a ser controlado por el Estado. ¿Qué significa algo así? Que ahora el fondo privado más eficiente y más grande de nuestra historia republicana, simplemente estará al alcance de los políticos y los burócratas, hambrientos por financiar proyectos populistas y clientelistas.

¿A quién se le ocurre que más de S/ 150,000 millones de los fondos del sistema privado de pensiones se seguirán manejando con los criterios del capitalismo popular y de mercado, que han rentabilizado las cuentas individuales bajo la autoridad del Estado? ¿A quién se le ocurre? Si el Estado dirige, esos fondos no se invertirán en proyectos rentables que tripliquen los montos de las cuentas individuales, tal como ha venido sucediendo.

El ahorro más grande de nuestra historia, entonces, servirá para financiar los bonos de los gobiernos y el sistema privado se descapitalizará y quebrará. Así pasaba antes en el Perú, cuando no existían las AFP, y así sucedió recientemente en Argentina y en cualquier país estatista y chavista.

Si la Comisión Permanente aprueba esta ley, entonces, no solo un Congreso y un Ejecutivo interinos habrán cambiado el modelo económico, sino que ni siquiera todo el Legislativo interino habrá sesionado en pleno para aprobar una norma de tanta trascendencia.

Y lo más triste de todo es que las bancadas y los candidatos que suelen defender la economía de mercado y el esfuerzo privado permanecen indolentes ante la ofensiva general del colectivismo y del populismo en contra de las columnas del actual modelo económico. Mientras tanto, la pandemia avanza sin contención y los colectivistas destruyen lo único que ha funcionado en las últimas tres décadas: el sector privado.