LA COLUMNA DEL DIRECTOR >
El problema Pedro Castillo
Las responsabilidades del jefe de Estado en la crisis
La caída del Gabinete Bellido y la salida de Iber Maraví del sector Trabajo, ha causado optimismo en algunos sectores de buena voluntad, que sienten enorme alivio al observar que el agonizante sistema republicano no enfrentará una nueva disyuntiva de vacancia y disolución. El optimismo lleva a algunos a ignorar que la nueva presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, también está a favor de la constituyente y su trayectoria política se identifica con las corrientes antimineras y las oposiciones a la agroexportación moderna.
Un pesimista diría que la señora Vásquez continuará las políticas y estrategias de Bellido, pero con buenas maneras y diplomacia. Si solo se han postergado los enfrentamientos para un momento mejor, los gestos y las buenas maneras tienen poca importancia.
El gran problema es que la crisis que ha desatado la administración Castillo en apenas dos meses de gestión no está para estas disquisiciones, a riesgo de caer en la frivolidad. El Perú no crecerá el 2022, la pobreza aumentará y la subida del dólar y la inflación comienzan a afectar a los sectores populares y a los más pobres.
Sin embargo, discutir sobre las posibilidades del nuevo Gabinete Vásquez, puede ser una manera de eludir la discusión capital sobre cómo hemos llegado a esta crisis, en que tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza se han detenido de golpe por el anuncio de la constituyente, la nacionalización del gas, la llamada “segunda reforma agraria” y las oleadas estatistas que desató Bellido.
El Perú tiene un régimen presidencialista en el que el primer mandatario concentra el poder del Estado y designa al Gabinete. Todo lo que ha sucedido, entonces, tiene un principal responsable: Pedro Castillo. Ya sea por acción u omisión, el responsable del actual desastre nacional es el jefe de Estado.
La discusión y el análisis, entonces, se concentra en si el presidente Castillo es responsable por acción o por falta de criterio y autoridad para morigerar las alas que han desencadenado la peor estampida de la inversión privada desde las estatizaciones de Velasco.
A nuestro entender el presidente Castillo, durante los más de dos meses de conducción de la jefatura del Estado, ha sido coherente en un solo aspecto: la convocatoria de una constituyente para instaurar “una república plurinacional con equidad de género”. Desde su discurso de Fiestas Patrias, la designación del Gabinete Bellido, las propuestas de la nacionalización del gas, la segunda reforma agraria y la industrialización de la hoja de coca, todo se enrumba hacia la constituyente.
La destrucción de la economía y de las instituciones en curso es un proceso consciente y es la manera de justificar la urgencia de una nueva constitución. Señalar que la situación es el resultado del desconocimiento del jefe de Estado de las consecuencias de sus decisiones políticas, comienza a convertirse en una frivolidad.
Por todas estas consideraciones, el presidente Castillo solo tiene un camino para rectificarse ante el país: descartar la asamblea constituyente. No hay otro.
Si no lo hace, las cosas estarán claras. Y el agonizante sistema republicano tendrá que decidir si se salva o se suicida por mano propia.
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