El nuevo Tribunal Constitucional entra en funciones

El día de ayer se presentó ante la sociedad el nuevo Tribunal Constitucional (TC), presidido por Augusto Ferrero, luego de la impecable elección de los seis nuevos magistrados que realizó el Congreso, a través de votaciones abrumadoras que sorprendieron a todo el país. Una de las cosas a resaltar es que en el señalado evento, de alguna manera, estuvo presente una parte significativa del constitucionalismo y de la academia, distante de la reflexión progresista de la Universidad Católica. Tampoco estuvieron los recientes constitucionalistas, muy vinculados a la defensa de la administración Vizcarra y al cierre inconstitucional del Congreso. De más está decir que tampoco estuvieron los representantes de las oenegés que mantienen estrechas relaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Qué revela esta primera impresión? Que estamos ante un TC de orientación no progresista y, por lo tanto, que se moverá en los cánones tradicionales del derecho constitucional. Bajo la impronta del progresismo, el derecho constitucional se convirtió en una herramienta más en la lucha por el poder y la exclusión del adversario. El mayor ejemplo de esta tendencia que está corroyendo todos los sistemas republicanos del planeta se grafica en la llamada “negación fáctica de la confianza”, que se utilizó para cerrar el Legislativo, una figura que no existe en la Constitución y que tampoco podría existir.

En un país con un Ejecutivo que gobierna en contra de la Constitución, las leyes y los tratados de libre comercio, y un Congreso que no se decide a formar una mayoría para superar la tragedia de la administración Castillo, un Tribunal Constitucional distante del utilitarismo progresista puede marcar la diferencia entre la libertad y la anarquía o el camino totalitario de una constituyente.

Sin embargo, el desarrollo del constitucionalismo clásico, de esa disciplina que construyó la arquitectura de las grandes repúblicas, tarde o temprano, también desatará intensas batallas contra el globalismo ideológico, que es uno de los rostros incuestionables del progresismo. El papel de la CIDH y la permanente injerencia sobre el derecho constitucional e interno del país será un asunto inevitable de la agenda.

Hoy el globalismo progresista, de alguna manera, se ha convertido en la última instancia del derecho constitucional: allí están las discusiones sobre el indulto otorgado al presidente Fujimori y los intentos de politizar las elecciones de magistrados del TC en el Legislativo e, incluso, las voluntades de someter la vacancia presidencial a la jurisdicción internacional. 

Ignorar que pueden presentarse colisiones definitorias entre el nuevo TC y la CIDH es negarse al análisis político. Es una posibilidad y debe evaluarse las eventuales consecuencias y escenarios.

Sin embargo, al margen de choques y contratiempos, si el sistema republicano del Perú puede enfrentar esta crisis –que parece terminal– con las armas y los procedimientos establecidos por la Constitución, a nuestro entender, la institucionalidad habrá superado la peor de todas las crisis y las instituciones echarán raíces para el mediano y largo plazo. En un proceso de ese tipo la naturaleza del nuevo TC podría marcar la diferencia.